El recrudecimiento del conflicto es una realidad: Comisión de la Verdad

Desde la Comisión de la Verdad se pidió al Gobierno acciones integrales y oportunas, más allá del componente militar. En la foto, un desplazamiento masivo en Cáceres, Antioquia, en octubre de 2020. FOTO JAIME PÉREZ

Patricia Tobón y Leyner Palacios, miembros de la Comisión de la Verdad, hicieron este martes un llamado de alerta al Gobierno Nacional debido al recrudecimiento de la violencia armada que se está viviendo en varias regiones del país.

Uno de los focos de la denuncia es la situación en el municipio de Murindó, Urabá antioqueño, donde al menos 2.000 miembros de resguardos indígenas se declararon en minga permanente el pasado 2 de febrero exigiendo desminado urgente y atención integral por la confrontación de los grupos armados.

Ante ese panorama, Tobón y Palacios unieron su voz junto a la de Dobayibi Sinigui Bailarin, del Cabildo Mayor de Murindó, e Higuinio Obispo, consejero de la Organización Indígena (Onic), pidiendo presencia estatal para evitar masacres, debido al rearme y nuevos enfrentamientos entre grupos ilegales como el Clan del Golfo, Eln y disidencias de las Farc.

EL COLOMBIANO conversó con Patricia Tobón, quien resaltó que lo que está pasando en Murindó se suma a la situación que se vive de manera generalizada en el Pacífico colombiano, donde considera que hay un rearme de estructuras ilegales que requiere reacción estatal para salvaguardar a las comunidades inmersas en medio del fuego cruzado.

“La Comisión de la Verdad no puede quedarse callada ya que estamos enfrentándonos a una realidad en la que es imposible decir que no hay repetición del conflicto, cuando se evidencia el rearme y tenemos situaciones como las de Murindó e Ituango, en Antioquia, donde no hay procesos de desminado efectivos y oportunos”, aseguró la comisionada.

Tras la repercusión que tuvo la denuncia del confinamiento indígena en Murindó, hecha inicialmente por EL COLOMBIANO el pasado 10 de febrero, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, anunció tras un consejo de seguridad que se intervendría la zona afectada con desminado militar, ya que se imposibilitaba el humanitario por la presencia de grupos armados, no obstante se ha pedido celeridad en el proceso de parte de la comunidad indígena.

“En nuestros llamados hemos sido enfáticos en señalar que los pueblos y territorios indígenas deben ser escenarios de paz y rechazamos la presencia de actores armados de todo orden, legales e ilegales”, planteó en el pedido de protección para la comunidad en Murindó, a comienzos de febrero, el consejero de Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Antioquia, (OIA), Alexis Espitia.

En esa línea, según detalló Tobón, las consecuencias del accionar de grupos ilegales y la falta de presencia del Estado, más allá del componente militar, son las que viven los territorios étnicos que están en medio del fuego cruzado, por lo que considera que deben considerarse otras soluciones oportunas y efectivas de parte del Gobierno como los acuerdos para que estos grupos dejen las armas.

A su turno, Leyner Palacios aseguró que el narcotráfico, los cultivos ilícitos, los procesos de minería, violaciones de los Derechos Humanos, así como el reclutamiento forzado son algunas de las situaciones que viven a diario estas comunidades.

“Hay lugares en donde los niños no pueden transitar, ni a los caminos que conllevan a las escuelas, maestros que no pueden tener contacto con los ellos porque los grupos armados han imposibilitado su movilidad, comunidades que están viviendo un confinamiento que lleva alrededor de dos años y bombardeos que nos hacen reflexionar que el país va mal”, planteó.

En ese sentido, ambos pidieron garantías de seguridad tanto en las comunidades de Antioquia como en Chocó, con el fin de que no se vuelvan a presentar masacres como la de Bojayá, de la que Palacios es víctima.

Por su parte, el consejero Higuinio Obispo solicitó atención humanitaria urgente, y pidió facilitar el diálogo con los grupos armados, en compañía de la comunidad, para tratar de enfrentar la violencia no solo con una respuesta militar, propuesta con la que coincidió la comisionada Tobón, quien pidió que se realice un diálogo con voluntad del Gobierno.

“Tenemos una realidad lamentable, grave y repetitiva. Esto no es un asunto minúsculo y el único avance que podemos encontrar para la no repetición es que de verdad haya un acuerdo con grupos como el Eln, Clan del Golfo, gaitanistas y los residuales, que no sea solo de sometimiento, sino un proceso integral y descentralizado que impida el regreso de actores al conflicto armado”, apuntó Tobón.

Rearme, causal de violencias

Para la comisionada Patricia Tobón, el rearme es una de las causas de la violencia que tiene como origen lo que considera son los malos procesos de reincorporación que se han llevado a cabo en el país, “empezando por el Epl, ya que ha constatado que exintegrantes de ese grupo armado no entraron a los procesos de reinserción y se quedaron en la guerra y en el conflicto pasando por otros grupos armados ilegales”.

A estos se sumarían los grupos nacidos tras la desmovilización paramilitar que, como El Clan del Golfo, tienen un poder consolidado en varias regiones de Colombia; y las disidencias de las Farc, cuyas estructuras se pelean el territorio con otros grupos.

Leonardo González, coordinador del observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), advirtió que el recrudecimiento del conflicto armado no solo ocurre en el Pacífico, sino también en otras subregiones antioqueñas, donde el Gobierno no estaría prestando suficiente atención a las alertas tempranas que advierten sobre el riesgo de las comunidades.

“También hay que prestar atención a la situación del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño; hay municipios que están en alerta roja permanentemente. Por ejemplo, solo en Antioquia llevamos cuatro masacres en lo que va de 2021. No solo son disputas por narcotráfico, sino para evitar la restitución de tierras, por minería ilegal, y otras disputas económicas y territoriales de ilegales”, aseguró González.

La consecución de la paz y la no repetición, según los comisionados, dependerá principalmente del acuerdo que se pueda realizar en materia de sometimiento a la justicia y acuerdos transnacionales de paz, que consideran deben ser descentralizados con un fuerte componente territorial que incluya participación de las organizaciones y las comunidades.

Desde finales del año 2020 el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ha insistido en que la principal razón de estas confrontaciones es el narcotráfico, por lo que se han tomado medidas militares y por lo pronto no se ha considerado regresar a los diálogos de paz con el Eln, mismos que se suspendieron en enero de 2019.