Los habitantes de esa Colombia rural y profunda que han visto pasar la guerra frente a sus puertas, también han padecido los rezagos de una confrontación que ha dejado enterrada entre sendas veredales, trochas y cultivos de pan coger un arma casi invisible pero letal: las minas antipersonal.
En Colombia, entre 1990 y abril 30 de 2020, se han registrado 11.858 víctimas de estos artefactos explosivos y, entre estos, 3.082 fueron niños según datos de Descontamina Colombia, la agencia del Gobierno que registra y hace seguimiento a este flagelo.
Muchos de estos accidentes se presentaron por desconocimiento cuando los menores de edad viajaban por uno de los caminos y se encontraron un balón, una muñeca o una lata y la cogieron; minutos después se sintió la detonación; o cuando los adultos, por acortar camino, se metieron a trochas sembradas de minas antipersonal.
Para evitar que las minas antipersonal cobren más vidas y dejen más víctimas, las comunidades optaron por estudiar los riesgos y cómo hacer frente en caso de hallar un artefacto explosivo.
Por esta razón, 11 organizaciones, asociaciones y consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes, indígenas y de sobrevivientes de minas antipersonal de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Huila, iniciarán el proceso de acreditación y/o autorización en Educación en el Riesgo de Minas (ERM), de la mano del Gobierno.
Martha Isabel Hurtado, directora de Descontamina Colombia, expresó que este tipo de programas buscan minimizar el riesgo en estas poblaciones.
“Con estos procesos se busca fortalecer las capacidades técnicas, pedagógicas, organizativas y administrativas de las organizaciones que desarrollan actividades de ERM en Colombia. Dicho proceso se basa en la revisión y en el mejoramiento continuo de las organizaciones, el cual tendrá una duración de dos años con proceso de renovación”, dijo.
