Aunque el caso de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, aún está lejos de esclarecerse por completo, la justicia comienza a dar pasos que podrían acercar la verdad sobre esta compleja trama de poder.
En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la condena a 10 años de prisión contra el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales. Ambos se convirtieron meses atrás en los primeros condenados por el escándalo de las chuzadas a Meza, luego de que reconocieran su responsabilidad en los hechos.
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Los dos purgarán su pena en prisión domiciliaria y tendrán que pagar una multa de 354 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ambos policías aceptaron sus responsabilidades en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
En el expediente quedó probado que los dos participaron en la creación de documentos falsos que terminaron por justificar la solicitud de interceptar las líneas telefónicas de Meza y de Fabiola Perea, extrabajadoras de Laura Sarabia.
Antes de aceptar su responsabilidad en los hechos, los agentes ofrecieron disculpas públicas por sus acciones. La patrullera Danna Canizales expresó su arrepentimiento, alegando que, con solo dos años de experiencia en la institución, había seguido órdenes de sus superiores sin cuestionarlas, creyendo que estaba realizando un trabajo honesto y conforme a la ley.
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“En mi condición como patrullera al momento de los hechos, con solo dos años en la institución y por falta de experiencia, recibí órdenes de mis superiores, donde creí que podía hacer un trabajo honesto y correcto para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas a las víctimas”, afirmó.
Por su parte, el intendente Quinchanegua también pidió perdón, reconociendo el impacto negativo de sus acciones en las víctimas y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. “A todas las partes afectadas, a los ciudadanos que afectamos tanto moral como psicológicamente, prometo no volver a hacerlo e igualmente pido mil disculpas a los afectados”, aseguró el oficial.
Las interceptaciones fueron ordenadas luego de que a Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete presidencial, se le perdiera una maleta de su casa con varios millones y documentos reservados.
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