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infracciones al DIH fueron documentadas por el CICR durante el 2021.
El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia ha llevado a que las consecuencias humanitarias vuelvan a estar en niveles que no se veían hace cinco años.
Así lo registró el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que en su informe Retos Humanitarios 2021, detalló como las acciones de los grupos armados han vuelto a afectar a la población civil.
EL COLOMBIANO conversó con Otchoa Datcharry, jefe de Subdelegación Medellín, sobre cómo las nuevas dinámicas de la confrontación dispararon el desplazamiento, el confinamiento y hasta la desaparición forzada, causando zozobra en la población civil.
¿Qué encontraron en materia de afectación a la población civil en este periodo?
“A nivel nacional, un incremento de todos los índices de violencia a raíz del conflicto armado como víctimas por artefactos explosivos, desplazamientos, confinamientos, violencia sexual, además de los homicidios y desaparecidos; es decir, todos los índices de violencia están a la alta. En Antioquia vemos una situación preocupante: en 2021 registramos más de 5.000 personas confinadas, 7.000 desplazadas y 29 civiles afectados por minas antipersonales.
Siguen muchos casos de personas desaparecidas y en Antioquia registramos 14 casos, sumado a la problemática de afectación a la misión médica. Hay casos en los cuales el personal de salud intenta evacuar un herido y es bloqueado por un grupo armado, y en otras ocasiones la misma población agrede al personal de salud porque no están contentos con el trabajo. Hacemos un llamado al respeto a la misión médica”.
¿Por qué se da ese aumento?
“Después del Acuerdo de Paz, los índices estaban en un nivel bastante bajo; y si miramos la historia del conflicto, iba subiendo desde entonces. Además, la fragmentación de los grupos armados, porque no se ha respetado completamente el Acuerdo de Paz; el Estado ha hecho bastante, pero falta mucho y eso genera que integrantes de los grupos que se desmovilizaron volvieron a tomar las armas. Pero lo que nos compete a nosotros es mitigar las consecuencias de esa violencia para la población civil y para los que han dejado de participar en esos conflictos”.
¿Cuál de esas afectaciones es la que más ha golpeado a las personas?
“En Antioquia y Chocó, los artefactos explosivos, las minas antipersonales o munición sin explotar genera un número alto de víctimas y eso lleva a más consecuencias como afectaciones a la salud mental; además puede generar desplazamientos y confinamiento.
Las comunidades indígenas no pueden acceder al campo o a su pancoger y no tienen otra opción de quedarse confinada o desplazarse, y a veces no pueden ni hacerlo. Son casi 5.000 personas en Antioquia. Las afectaciones no solo afectan al físico sino todo lo que genera alrededor”.
¿Cuáles son las zonas más complicadas en Antioquia por la agudización del conflicto armado?
“Todo el Bajo Cauca, aunque el conflicto se ha movido. Hay zonas donde no hay confrontación, pero sigue la presencia de minas antipersonales; o cuando un grupo armado tiene el control de una zona hay un fuerte control social y pueden tomar medidas en contra de personas que supuestamente apoyaban al otro grupo, a través de amenazas y homicidios, pero el índice de violencia es más alto en donde hay presencia de varios grupos por el control de un corredor o una zona específica.
Este año vimos que el conflicto se movió del Bajo Cauca hacia el Norte por Tarazá, Cáceres, Ituango, Valdivia y Briceño, y en el Nordeste, en El Bagre, Zaragoza, Remedios, Segovia. El Occidente nos preocupa por el confinamiento y son muchas comunidades indígenas que padecen de un nivel de asistencia estatal bajo”.
¿Cuál ha sido la intervención del CICR en estas zonas para mitigar el impacto del conflicto armado?
“Tenemos el diálogo con grupos armados para mitigar las consecuencias del conflicto e intentar que ellos respeten a la población civil y que tomen medidas para disminuir el riesgo. Por ejemplo, que no pongan minas por donde transita la población. Recordar a los actores armados los principios humanitarios.
En términos de asistencia hemos desarrollado proyectos con el objetivo de responder en términos de necesidad económica cuando hay desplazamiento, y a largo plazo, a través de proyectos agropecuarios en ciertas comunidades donde no tienen lo suficiente.
Tenemos la respuesta asistencial en entornos educativos porque los menores de edad son los más vulnerables a las consecuencias de la guerra y para prevenir la vinculación de los menores a esos grupos armados. Hemos mejorado la infraestructura de las estructuras para que esos jóvenes se sientan en entornos seguros. Apoyamos a varios hospitales con material y equipamiento y con capacitaciones de personal de salud en asistencia médica”.
¿Los nuevos grupos armados han estado abiertos al diálogo?
“Sí, dialogamos con todos los grupos. A veces se pierde el contacto, pero los buscamos y generamos la confianza. Los mandos rotan y desconocen el papel del CICR, pero igual hablamos con todos los grupos armados”.
Hace una semana el ELN sindicó al CICR de que ya no es una institución neutral, poniéndolos incluso en riesgo a ustedes. ¿Ha habido algún acercamiento para hablar sobre la situación?
“Lo tomamos muy enserio, pero estamos analizando la situación a ver cómo responden y solucionarla de manera bilateral y confidencial con el grupo armado. Esperamos que se resuelva muy pronto para que al final no perjudique a las personas que asistimos a esas zonas y que podamos trabajar tranquilamente con la confianza de todos los actores armados que están”