En la comunidad de Bajo Baudó, en Chocó, aún lamentan la muerte de una menor de seis años que se encontraba con su mamá cuando activó una mina antipersonal instalada en un platanal, cerca al río Evarí.
A este hecho se le sumó otro evento ocurrido hace ocho días en la vereda Quebradón, a dos horas del municipio de Íquira, en Huila, donde otro menor, esta vez de 11 años, terminó con heridas en su mano izquierda luego de manipular una mina que encontró en un potrero.
Estos dos eventos con minas antipersonal o munición sin explotar evidencian, según autoridades y expertos, que a pesar de que la intensidad del conflicto en el país se ha reducido, los explosivos sembrados o abandonados en el campo seguirán cobrando víctimas en el país.
De ahí surge la pregunta sobre las actividades que se están realizando en las diferentes regiones para lograr que hechos como los ocurridos la semana pasada se puedan evitar. En Antioquia, por ejemplo, explica Luis Eduardo Montoya Urrego, coordinador de Derechos Humanos y Víctimas de este departamento, “se viene adelantando un proceso de educación que tiene varios años, unos 15 aproximadamente, en los que se ha trabajado con la comunidad en todo lo relacionado con las minas y su prevención”.
Para el funcionario, la responsabilidad del Estado no solo está en el desminado y atención a víctimas, “también debemos evitar nuevos incidentes. Sabemos que en muchas zonas donde no se ha iniciado intervención el riesgo de nuevas afectaciones es latente, por eso la educación sobre esto es fundamental”.
En Chocó, por ejemplo, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), afirmó que “a través de un proyecto de inclusión de educación en el riesgo de minas en el ámbito educativo, con apoyo de Unicef y el Ministerio de Educación, formaron a 17 maestros y se sensibilizaron a 300 niños y niñas de las instituciones educativas Francisco Pizarro, Hernando Palacios y Sagrado Corazón de Jesús, con el fin de generar comportamientos seguros en la comunidad.
Para María Pinto, directora de la Fundación Prolongar y coordinadora del informe nacional de memoria histórica sobre minas antipersonal y munición sin explotar, ha sido evidente que en muchas zonas de Colombia hay falencias en la educación y prevención en el desminado y zonas con riesgo.
“El enlace comunitario es de mucha importancia, es de los primeros pasos que se hace con las personas para conocer cuál es la realidad que hay en sus comunidades y en ese punto hemos visto que a la gente no se le explica bien el proceso de desminado. Sentimos que hay falencias en lo que es el alcance del proceso y la enseñanza sobre comportamiento”, explica María.
Recalca que con los menores de edad se debe hacer un proceso pedagógico muy diferente, con un lenguaje que entiendan perfectamente. “Eso es todo un reto, más con la munición sin explotar, porque muchas veces es un atractivo para ellos. El reto es lograr que esa munición no se debe manipular”.
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