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La Sala Plena del Consejo de Estado se apresta a estudiar la demanda que presentó la exsenadora Piedad Córdoba, en contra de la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación por ‘Farcpolítica’ en 2008.
El caso está en manos del magistrado William Hernández, quien en su proyecto de fallo estipula que Córdoba fue sancionada con pruebas ilegales y, por tanto, se debe revocar la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.
El procurador Ordóñez destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc, grupo ilegal al que, según el fallo, asesoró políticamente.
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