Dos decisiones judiciales tienen al municipio El Copey (Cesar) en una encrucijada que lo ha convertido en noticia nacional durante los últimos dos días. La primera fue emitida por el Tribunal Administrativo departamental que le ordenó cerrar el cementerio municipal y construir, de manera urgente, uno nuevo que contara con la infraestructura y condiciones sanitarias adecuadas.
Y la segunda, impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz, le ordenó parar la construcción que estaba en curso y detener cualquier intervención en ese nuevo terreno pues, según sus investigaciones preliminares, allí podría haber alrededor de 100 cuerpos de personas que fueron asesinadas extrajudicialmente y presentadas como dadas de baja en combate.
Así las cosas, dicho campo santo de cinco hectáreas se ha convertido en el centro de la discusión entre las víctimas del conflicto armado, que alegan su derecho a encontrar los seres queridos desaparecidos durante la confrontación, y del municipio, que necesita esas bóvedas adicionales para inhumar los cuerpos de las personas que fallecen cada semana.
“Ya no sé qué hacer. Tengo las manos atadas y la gente me ha amenazado con dejar los cuerpos en la carretera. Para hacerse una idea, en una bóveda donde antes había un solo cuerpo ahora pueden haber hasta tres porque falta espacio, y no puedo hacer nada hasta que la JEP no decida”, reconoció el alcalde de El Copey, Francisco Meza, en diálogo con EL COLOMBIANO.
Un presupuesto en riesgo
Pero el problema va más allá. Además de la lucha de las víctimas y el lío de los copeyanos para enterrar a sus muertos, la Alcaldía Municipal de El Copey podría enfrentarse a acciones judiciales por, presuntamente, desacatar las órdenes de la Jurisdicción cuando le ordenó proteger dicho cementerio.
Pese a que el alcalde sostiene que la construcción había comenzado antes de las medidas cautelares que impuso la JEP, este diario contrastó fechas y corroboró que, según la información oficial, la construcción habría iniciado después de conocer el interés forense para recuperar víctimas del conflicto. (Ver: Antecedentes)
Lo anterior teniendo en cuenta que la Gobernación del Cesar anunció el inicio del nuevo cementerio el 20 de octubre de 2020, justo tres meses después de que la justicia especial ordenara la protección y se lo comunicara a la administración. Dicho Auto –en poder de EL COLOMBIANO– está fechado el 30 de julio de ese año.
Bajo ese orden de ideas, la Comisión Colombiana de Juristas ha denunciado, por lo menos en tres ocasiones, sobre el avance de las construcciones en el predio pese a la orden de que pare cualquier tipo de intervención.
Según el abogado Sebastián Bojacá, coordinador de litigio penal de la CCJ y defensor de víctimas, las visitas de la Comisión han permitido constatar que en dicho terreno se adelantan trabajos que, como también lo ha advertido la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ponen en “grave riesgo” la recuperación de dichos restos óseos.
En manos de la JEP
En todo caso, y pese a las diferencias entre los intereses de las víctimas del conflicto y los de la Alcaldía, ambos coincidieron en la necesidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz se pronuncie cuanto antes.
Según ambas fuentes, las demoras impiden que se avance en la búsqueda de personas desaparecidas y, al mismo tiempo, tienen en vilo la construcción de ese cementerio que la comunidad de El Copey necesita.
Actualmente, el proceso avanza ante el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP, quien deberá confirmar si el terreno cumple con las características necesarias para declararse como lugar de interés forense y si la Alcaldía incurrió en desacatos con la construcción actual.
Pese a que está última decisión fue anunciada el pasado 11 de octubre con un plazo máximo de 15 días, ninguna de las partes informadas ha sido notificada sobre lo que pasará con el terreno “Que me digan qué sigue, porque sin la voz de la JEP ninguno puede hacer nada”, concluyó el alcalde
