El contrato que le entregó el manejo del Fondo Nacional del Ganado a la Federación Colombiana de Ganadores (Fedegán) tuvo al menos 8 irregularidades según el informe final de la Contraloría.
Según las conclusiones, cuatro de estos hallazgos podrían incidir disciplinariamente y dos penalmente.
En síntesis, el ente de control señala que el Ministerio de Agricultura no siguió todos los protocolos necesarios para otorgar directamente el contrato a Fedegán el pasado 4 de enero.
El informe señala que la cartera de Agricultura no verificó suficientemente los mecanismos de democracia interna dentro del gremio, requisitos para la otorgación del contrato, y otorgó este únicamente con base en un estudio de representatividad.
Lea también: Contraloría y Minagricultura se enfrentan por parafiscalidad de Fedegán
Es decir, a juicio del ente de control, el Ministerio de Agricultura no verificó adecuadamente que Fedegán era el gremio más idóneo para recibir el contrato.
En su informe, la Contraloría también cuestiona la entrega de los datos de los ganaderos a Fedegán “sin sustento legal ni contractual”:
Según el órgano de control, este estudio de representatividad no era suficiente para que fuera uno de los argumentos para entregarle el contrato al gremio de los ganaderos.
Adicionalmente, la Contraloría encontró inconsistencias en la información de los resultados de los ciclos de vacunación al revisar la información presentada por Fiduagraria sobre los ciclos de vacunación de aftosa de 2017 y 2018, pues según el órgano de control había diferencias entre estos datos, el aplicativo SAGARI y BD reporte SAGARI respecto a la cantidad de predios y animales vacunados.
Por otra parte, la Contraloría también advierte que en el contrato entre el Ministerio y Fedegan no se pactaron cláusulas excepcionales, lo que “constituye un riesgo para el patrimonio público, por cuanto ante eventuales incumplimientos por parte de Fedegan, el Ministerio no tendría los medios y herramientas necesarias para exigir el cumplimiento del contrato, así como, la posibilidad, de ser necesario, de imponer multas y darlo por terminado”.
