Para las 10 de la mañana de este viernes está citada, en Bogotá, una audiencia clave para definir el futuro de un polémico contrato que tiene embolatados 70.000 millones de pesos que desembolsó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Se trata de un programa con el que se busca impulsar los llamados Centros Digitales en 7.277 escuelas rurales del país, con el fin de conectarlas a internet y cuyo nodo está en el plan del Gobierno de Iván Duque de terminar su mandato con un 70 % de conectividad en Colombia.
No obstante, ocho meses después de adjudicado y con los 70.000 millones girados a través de una fiduciaria ubicada en Estados Unidos, la Unión Temporal Centros Poblados a la que le fue adjudicado no ha cumplido con los procesos de conectividad a los que se comprometió.
Además, tanto Fiscalía como Procuraduría abrieron expedientes para determinar qué hay detrás de estos retrasos o incumplimientos, en momentos en que el propio Ministerio TIC confirmó que existe evidencia de que Centros Poblados presuntamente habría entregado una garantía bancaria falsa para garantizar el giro de los recursos que hoy están en riesgo de perderse.
En todo caso, de acuerdo con varias declaraciones del abogado de dicha Unión Temporal, Jorge Pino Ricci, un juez será el único que decida si es o no falsa.
Es por todo esto que la cita de este viernes es clave, porque se puede determinar la caducidad al contrato y así garantizar, según MinTIC, la apertura de un camino jurídico para recuperar el dinero.
Pero, de otro lado, Centros Poblados pide que se le permita ceder el contrato para que se continúe la ejecución del proceso y, a su juicio, se pueda garantizar la prestación del servicio.
A esta cita, además, se llega en medio de una serie de anuncios en las últimas 24 horas por parte de la Procuraduría, la bancada de oposición al Gobierno y del propio Duque.
En efecto, el Ministerio Público indicó que desde el 27 de julio pasado abrió indagación preliminar al Contrato Estatal de Aporte número 1043/2020, lo que se suma a los expedientes que por lo mismo cursan en Contraloría y Fiscalía. Y el Jefe de Estado salió en defensa de su ministra, Karen Abudinen, de quien dijo es “honorable y trabajadora y fue quien denunció las irregularidades que se estaban presentando”. Agregó que el compromiso de la funcionaria es recuperar la plata con ayuda internacional.
Esto contrasta con lo dicho por congresistas como León Fredy Muñoz, de Alianza Verde, quien pidió la renuncia de Abudinen por lo que dijo es “una clara omisión” al permitir la posible pérdida de un contrato global que, en su totalidad, suma $1,07 billones.
En el Capitolio también se anunció una moción de censura en contra de la Ministra, liderada por el representante Jhon Jairo Hoyos, del Partido de la U. Para él, a Abudinen “le advirtieron lo que pasaría y aún así siguió adelante”.
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