Intimidar a los habitantes de las zonas donde tienen influencia, imponerles normas bajo la amenaza de ser asesinados o castigados, o incluso entregarles un “manual de convivencia” con restricciones a la movilidad, entre otras, es ahora el arma principal del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en el país.
Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la Justicia Especial para la Paz, JEP, dejó en evidencia como los grupos armados ilegales siguen con sus operaciones militares y, bajo amenazas, confinaron a poblaciones completas en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Chocó y Córdoba, y en localidades de Bogotá, como Ciudad Bolívar.
“La Unidad de Investigación y Acusación, de acuerdo con las fuentes consultadas, pudo observar que las amenazas generalizadas a la población civil, instigadas por Grupos Armados Organizados, aumentaron considerablemente en medio de la cuarentena decretada por el Gobierno nacional”, registra el documento.
Entre las acciones más graves denunciadas por la UIA está el homicidios de los líderes sociales. Durante las dos primeras semanas de esta cuarentena obligatoria (marzo 25-abril 9), fueron asesinadas seis personas con algún tipo de liderazgo social. Aunque hubo una disminución de tres muertes violentas frente al mismo periodo del año pasado, la UIA indicó que hubo un homicidio cada 64 horas. “Para la Unidad de Investigación y Acusación, la situación de seguridad de las personas que ejercen un rol de liderazgo especialmente de aquellos que ejercen la vocería en las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz, y que representan los intereses de las víctimas del conflicto armado, es motivo de alerta extrema”.
