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Control social, el arma de ilegales en los territorios

Toque de queda, restricción a la movilidad y prohibición de juegos son las imposiciones de grupos armados según la JEP.

  • Habitantes de Samaniego, Nariño, encontraron mensajes del Eln que los obligaban a cumplir la cuarentena. En otros municipios, los ilegales impusieron restricciones a la movilidad. FOTO cortesía
    Habitantes de Samaniego, Nariño, encontraron mensajes del Eln que los obligaban a cumplir la cuarentena. En otros municipios, los ilegales impusieron restricciones a la movilidad. FOTO cortesía
Por javier alexander macías | Publicado el 24 de abril de 2020

Intimidar a los habitantes de las zonas donde tienen influencia, imponerles normas bajo la amenaza de ser asesinados o castigados, o incluso entregarles un “manual de convivencia” con restricciones a la movilidad, entre otras, es ahora el arma principal del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en el país.

Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la Justicia Especial para la Paz, JEP, dejó en evidencia como los grupos armados ilegales siguen con sus operaciones militares y, bajo amenazas, confinaron a poblaciones completas en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Chocó y Córdoba, y en localidades de Bogotá, como Ciudad Bolívar.

“La Unidad de Investigación y Acusación, de acuerdo con las fuentes consultadas, pudo observar que las amenazas generalizadas a la población civil, instigadas por Grupos Armados Organizados, aumentaron considerablemente en medio de la cuarentena decretada por el Gobierno nacional”, registra el documento.

Entre las acciones más graves denunciadas por la UIA está el homicidios de los líderes sociales. Durante las dos primeras semanas de esta cuarentena obligatoria (marzo 25-abril 9), fueron asesinadas seis personas con algún tipo de liderazgo social. Aunque hubo una disminución de tres muertes violentas frente al mismo periodo del año pasado, la UIA indicó que hubo un homicidio cada 64 horas. “Para la Unidad de Investigación y Acusación, la situación de seguridad de las personas que ejercen un rol de liderazgo especialmente de aquellos que ejercen la vocería en las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz, y que representan los intereses de las víctimas del conflicto armado, es motivo de alerta extrema”.

Así son las amenazas

El panfleto se lo entregaron al campesino en uno de los billares de la vereda Quebrada del Medio, en Ituango. Las disidencias del frente 18 de las Farc que se mueven en ese municipio, dejaban claro que si no acataban las órdenes se verían obligados “a actuar con sanciones a quienes incumplan las normas establecidas y este comunicado”.

El labriego le dijo a EL COLOMBIANO bajo la promesa de reserva de su nombre, que no pueden transitar después de las 6:00 p.m. “Los que viajamos en moto, debemos hacerlo sin casco, y los vehículos con la luz de adentro prendida para que ellos vean el que va”.

Sin embargo estas intimidaciones no fueron tan explícitas como las entregadas a los habitantes del municipio de Mosquera, Nariño. Allí la población indicó que en el panfleto entregado por las Guerrillas Unidas del Pacífico, la orden era que nadie podía estar en la calle después de las 2:oo p.m., además, prohibieron la apertura de discotecas y bares, así como los juegos de naipe, bingo o parqués.

Además, en la localidad de Llorente (Nariño), el frente Oliver Sinisterra, cuyo jefe fue alias “Guacho”, señaló como objetivo militar a toda persona que estuviera fuera de sus viviendas entre las 8:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Frente a la situación de orden público que se vive en el país, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que hay tropas desplegadas en todo el territorio, “y las Fuerzas Militares continúan desarrollando su misión constitucional y legal para preservar la honra y bienes de los ciudadanos, así como la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS imposiciones ilegales en la comunidad

Eel Clan del Golfo difundió panfletos y mensajes de whatsapp donde prohibían a las personas salir de sus casas, so pena de ser asesinados. Impusieron un “toque de queda obligatorio” en Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, en el Urabá antioqueño, y en el sur de Córdoba. Además, el 27 de marzo del 2020 en Montelíbano, amenazaron a la señora Yina Paola Sánchez con quemarle a sus familiares y su casa por ser, al parecer, portadora del covid 19. Esta estructura ilegal amenazó de muerte a una familia de reincoporados de las Farc en Frontino, Antioquia.

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