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Corte pone la lupa en los decretos ley

Las decisiones que tomó el Gobierno Nacional durante la emergencia están en examen en el alto tribunal.

  • El presidente Iván Duque emitió, junto a su gabinete, 85 decretos con fuerza de ley. Todos tendrán control automático de la Corte Constitucional y de legalidad del Consejo de Estado. FOTO Cortesía
    El presidente Iván Duque emitió, junto a su gabinete, 85 decretos con fuerza de ley. Todos tendrán control automático de la Corte Constitucional y de legalidad del Consejo de Estado. FOTO Cortesía
Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. | Publicado el 21 de abril de 2020

Durante la emergencia social y económica, que es un estado de excepción, el presidente de la República, Iván Duque, ha tenido facultades legislativas que le permiten hacer frente a la pandemia por coronavirus. Y con dichas facultades ha destinado 6 billones de pesos para atender las necesidades.

En total, el Gobierno expidió 85 decretos que cuentan con la firma del mandatario y de todos sus ministros, de los cuales 73 ya fueron entregados a la Corte Constitucional, incluso 46 de ellos han sido repartidos entre los magistrados ponentes. La Sala Plena decidirá acerca de su legalidad y constitucionalidad. Entre otra normativa, el Gobierno emitió 36 circulares, 39 resoluciones y 4 directivas presidenciales.

La Corte tendrá la posibilidad de decretar pruebas con las que escuchará los argumentos del Gobierno nacional, los organismos de control, la academia, los gremios, los sindicatos y diferentes ONG y en un plazo máximo de 42 días tomar una decisión sobre los decretos ley.

Aunque inicialmente la declaratoria de emergencia dada el 17 de marzo tenía un plazo de un mes y permitía una prórroga de otros 30 días, el presidente Duque no hizo uso de ellos, pero indicó que “nunca descartaremos poder volver a emplear esta herramienta cuando sea necesario”, con el fin de proteger a “todos los habitantes de nuestro país”.

en definitiva

En la Corte Constitucional ya fueron radicados 73 de los 85 decretos emitidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia. Estos son algunos de los argumentos que ha recibido.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Consejo de Estado también revisará

El Consejo de Estado determinó que las medidas administrativas de carácter general que se hayan expedido a partir de la declaratoria de emergencia serán objeto de control inmediato de legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin que medie demanda. Aún cuando la medida bajo estudio hubiera sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, la jurisdicción ejercerá el control inmediato que le ordena la ley.

Se creó el Fondo de mitigación

Con el Decreto 444 el Gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), como un fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio Hacienda para atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento. Varias organizaciones y sindicatos le pidieron a la Corte que declare este decreto inexequible, ya que, en su interpretación, pone en riesgo los ahorros de los municipios y el pago del pasivo pensional al utilizar recursos del Fonpet. Sin embargo, la Federación Colombiana de Municipios pidió declararlo exequible.

Destinación de recursos públicos

El Gobierno facultó temporalmente a los gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia, para lo cual no será necesaria la autorización de las asambleas departamentales o consejos municipales. Además, los facultó para destinar parte de los impuestos territoriales para subsidiar los servicios públicos de las familias menos favorecidas. Los académicos de las Universidades Externado y Libre, del Instituto de Derecho Tributario y la Federación Nacional de Departamentos le dieron un espaldarazo a la norma.

vacaciones y nuevos impuestos

El Gobierno estableció que durante la emergencia, los empleadores podrían avisarle al empleado con solo un día de anticipación sobre sus vacaciones individuales o colectivas. Esta normativa generó rechazo en organizaciones sindicales que así se lo demandaron a la Corte: El Gobierno expidió el decreto “pese a estar prohibido desmejorar los derechos sociales de los trabajadores durante un estado de excepción por emergencia”. Así mismo, el ejecutivo creó el impuesto solidario que deberán pagar los servidores públicos que devenguen más de 10 millones de pesos (10 %) o más de 15 millones (15 %), por tres meses. Algunos juristas demandarán la norma porque la emergencia económica no autoriza al mandatario para aumentar los impuestos.

Subsidios a los vulnerables

Con varias normativas el Gobierno nacional facilitó la destinación de recursos para atender a los más vulnerables, en particular a 2,6 millones de familias del programa Familias en Acción, a 276.000 estudiantes de Jóvenes en Acción, a 1,7 millones de adultos mayores y otros tres millones de familias que no estaban en ningún programa social del Estado. El presidente Iván Duque puso de relieve la inversión del programa de un millón de mercados, a través del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en distintos lugares del territorio nacional, los cuales se han entregado a las “minorías y a grupos vulnerables”. Ante la Corte todos los argumentos están a favor de la exequibilidad de estos decretos.

Cierre de fronteras

El Gobierno prohibió el ingreso de cualquier persona, nacional o extranjera, a Colombia, después de haber dado un plazo “prudencial” para el retorno de colombianos y extranjeros residentes en el país. Migración Colombia argumentó ante la Corte que “el adoptar medidas que restrinjan el derecho a tránsito por el territorio nacional, encuentra plena justificación material y formal, para garantizar la protección del interés general de la población, junto con sus derechos fundamentales, respetando siempre el marco constitucional y legal”, sin embargo, los colombianos que quedaron varados en otros países han reclamado por su derecho a la “patria”, e incluso uno de ellos atrapado en Perú ganó una tutela que obligó al Gobierno a retornarlo.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.


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