La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de ordenar la captura de los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Bitar, Julio Chagüi y Juan Diego Muñoz, por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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El magistrado Misael Rodríguez había solicitado a la Sala de Instrucción Penal de la Corte ordenar la captura de los cinco congresistas por su presunta participación en el entramado de sobornos que giró en torno al manejo de esa entidad para asegurar apoyos a proyectos del Gobierno en el Congreso de la República.
Por este escándalo han caído en problemas con la justicia los expresidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal), hasta altos funcionarios de la Presidencia de la República, ministros y asesores.
La lista de congresistas involucrados en el caso UNGRD
De hecho, a mediados de julio la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto, dijo que declarará en contra de 28 congresistas y del exministro de Hacienda (su jefe), Ricardo Bonilla, en el marco del principio de oportunidad que acordó con la Fiscalía para colaborar con la justicia y buscar beneficios en el proceso en su contra por tráfico de influencias.
En esa lista estarían los representantes a la Cámara Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez Nieto, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Wilmer Jair Castellanos Hernández, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero Rivera, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Viviana Aristizábal Saleg, Kelyn Johanna González Duarte, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Wilmer Yesid Guerrero Avendaño.
Así mismo, estarían los senadores Juan Diego Echavarría Sánchez, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Efraín José Cepeda Sarabia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Maya, José Alfredo Gnecco Zuleta, Liliana Esther Bitar Castilla y Karina Espinosa Oliver.
Según ha revelado la Fiscalía, Benavides Soto habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones. Dichos contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido utilizados como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.
La intención de estos direccionamientos, según el ente investigador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Estos recursos estaban destinados a respaldar proyectos gubernamentales, pero habrían sido gestionados bajo presiones indebidas en un esquema más amplio de corrupción en la UNGRD.
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