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Crisis humanitaria en el Chocó desbordada, advierte la Iglesia

Piden que el Gobierno retome los diálogos con el Eln.

  • Los enfrentamientos entre grupos ilegales han generado desplazamientos masivos de comunidades indígenas en el Chocó. Foto: Colprensa.
    Los enfrentamientos entre grupos ilegales han generado desplazamientos masivos de comunidades indígenas en el Chocó. Foto: Colprensa.
El Colombiano y Colprensa | Publicado el 19 de noviembre de 2021

Cinco mil personas desplazadas y 30 mil personas víctimas de confinamiento deja hasta ahora el agudizamiento de la violencia en el departamento del Chocó, donde según la Iglesia católica, la crisis humanitaria ha desbordado la labor de los organismos nacionales e internacionales.

La cifra de desplazamiento y confinamiento fue entregada por Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, que acompañó a la Conferencia Episcopal Colombiana y al Foro Interétnico del Chocó, en la revelación del informe sobre el difícil panorama.

La Conferencia realizó seis misiones humanitarias en siete municipios del Chocó y cuatro de Antioquia, para atender la crisis derivada de la violencia entre grupos armados ilegales que se disputan el control del narcotráfico, rentas de minería ilegal y tráfico de armas.

Aunque en la mayoría de los municipios de la región hay presencia del Eln y el Clan del Golfo, la Iglesia alertó de la presencia, aún incipiente, de disidencias de las Farc.

“La situación es tan grave que ha desbordado nuestra labor y de organizaciones nacionales e internacionales”, dijo monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó.

Monseñor Atahualpa Hernández, líder religioso de la iglesia Luterana en Colombia, hizo la exigencia al Gobierno de reactivar la mesa de diálogos con el Eln para bajar las acciones violentas en el departamento y pidió un cese bilateral al fuego, “no ha sido suficiente el desarme”, dijo.

La denuncia fue sustentada tras seis misiones humanitarias a lo largo de 2021 en seis municipios del departamento del Chocó (Alto Baudó, Murindó, Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá y Medio San Juan), y en tres municipios del Occidente de Antioquia (Frontino, Dabeiba y Vigía del Fuerte).

La Iglesia y las organizaciones interétnicas dicen que este panorama se incrementa desde el 2016, tras la firma del acuerdo de paz, donde, los territorios y las comunidades campesinas, negras e indígenas del Chocó y del Occidente de Antioquia han continuado en la dinámica del conflicto armado, el cual, después de la dejación de armas de las Farc, se ha reconfigurado.

Además las organizaciones denunciaron que en estos territorios “se hace evidente una paz que no llegó y un conflicto que, en algunas regiones, está poniendo al límite la existencia misma de estas comunidades”.

Las organizaciones revelaron además que tras las misiones humanitarias que realizaron, se puede concluir que “la crisis de derechos humanos y humanitaria que viven la población del Chocó y el Occidente de Antioquia, tiene hoy el carácter de una emergencia compleja que desborda la capacidad de respuesta de los organismos humanitarios nacionales e internacionales y ante la cual, el Estado colombiano y el Gobierno actual, permanecen indiferentes y sin empatía social”.

Lo anterior porque en las misiones humanitarias se encontraron algunas constantes como asesinatos selectivos, amenazas a líderes y comunidades, limitación de la movilidad y la productividad, violación de la autonomía territorial de las autoridades étnicas, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, violencia sexual, reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonal en caminos, cultivos de pancoger y en algunos casos dentro de las mismas zonas pobladas.

También, denuncian las organizaciones, hay un fuerte abandono estatal en todos los niveles e instancias, pues el Estado colombiano no garantiza derechos básicos en materia de acceso a la salud, educación, formal e informal, condiciones de trabajo digno, seguridad social vivienda culturalmente a apropiada, productividad, comercialización, recreación y deporte y el Ejército y la Policía tampoco tienen control territorial.

“Todo lo anterior, está destruyendo los tejidos culturales, organizativos y comunitarios; y sometiendo a las comunidades a la hambruna y a la exposición al exterminio físico y cultural. La vida de las comunidades negras, indígenas y campesinas está en alto grado de riesgo”, indicaron los organismos.


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