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Por daniel palacios mejía | Publicado el 15 de abril de 2015
Un verdadero pulso político en cuerpo ajeno se libró entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el procurador Alejandro Ordóñez en el quinto debate de la reforma de poderes en el Senado. Mientras el primero se salvó de una inhabilidad que podría truncar su eventual aspiración presidencial en 2018 y obtuvo el mismo fuero del presidente, los defensores de Ordóñez, a último momento, lograron aforarlo.
Y es que como suele suceder en Colombia, las grandes discusiones constitucionales terminan personalizándose y por eso el debate de la reforma de poderes sirvió como escenario para que los congresistas simpatizantes de unos y otros protegieran sus intereses.
El lunes, durante la discusión de la Comisión de Aforados en la Comisión Primera del Senado hubo conato de rebelión de las bancadas del Partido Conservador y del Centro Democrático, que condicionaron el fuero para el fiscal a la inclusión del procurador entre los aforados, y así quedó plasmado en el texto final.
“La semana pasada legislaron a favor de Vargas Lleras, pero dijeron que era a favor de las instituciones y luego vuelven a legislar con nombre propio con lo del fuero para el Procurador, demostrando que en esta Comisión se legisla para aquel que tenga el cargo y poder capaz para mandar una razón”, afirmó el senador Armando Benedetti.
Ampliaron el fuero del “vice”
Y es que la semana pasada se movió en el Congreso una propuesta de un grupo de senadores encabezados por Benedetti que pidieron una inhabilidad de cuatro años para el vicepresidente, en el evento en que este decidiera aspirar a la Presidencia. Sin embargo, el Gobierno movió su bancada y finalmente aprobó una inhabilidad de un año.
Pero el vicepresidente no solo pudo salirle al paso a ese impedimento, sino que sorpresivamente, en un hecho que fue calificado de tramposo por la senadora Claudia López, se le dio el mismo fuero del presidente sin consultarlo con los demás partidos.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, Miguel García, dijo que “esto demuestra que el Gobierno ha sido muy generoso con Vargas Lleras al ayudarle a construir una candidatura viable a través de medidas como esta y el programa de viviendas”.
Otro de los puntos aprobados ayer por los congresistas fue el de asignarles curules en el Senado, en la Cámara, asambleas y concejos a aquellos candidatos que hayan obtenido la segunda mayor votación en las elecciones a presidencia, vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías, con el argumento de fortalecer la función de control político.
en definitiva
En medio de críticas la Comisión Primera del Senado aprobó en quinto debate la reforma de poderes, en la que se amplió el fuero del procurador y del vicepresidente de la República.
Contexto de la Noticia
¿qué sigue? faltan otros Tres debates
Al ser un proyecto de acto legislativo, la reforma de equilibrio de poderes debe ser aprobada en dos periodos legislativos distintos de una misma legislatura, es decir, hay plazo hasta el 20 de junio para su aprobación. La Constitución dispone que para convertirse en reforma constitucional debe ser aprobada en ocho debates.
eliminan reelección presidencial y de altos funcionarios
En lo que ha sido denominado como el eje fundamental de esta reforma, a partir de su eventual aprobación, quedaría eliminada del ordenamiento jurídico la figura de la reelección presidencial, pero además se decidió extender esta prohibición a otros altos funcionarios del Estado. Así las cosas, el proyecto de acto legislativo contempla que la reelección tampoco estaría permitida para el defensor del Pueblo, procurador general, contralor de la República, registrador nacional, fiscal general, y los magistrados de las altas cortes. Quienes defienden la propuesta sostienen que la reelección presidencial ha desequilibrado el sistema de pesos y contrapesos previsto por la Constitución de 1991. Sin embargo, desde sectores de la oposición han manifestado que es contradictorio que Santos proponga eliminarla, argumentando que es dañina, cuando él mismo se favoreció con la reelección.
A eso se suma la infructuosa promesa que el presidente les hizo a los alcaldes y gobernadores del país de promover una reforma que les permitiera su reelección.
cambios en la composición del congreso
Tal como lo contempla el articulado aprobado por la Comisión Primera del Senado, se tiene prevista la creación de una circunscripción regional en el Senado, con el fin de darles representatividad a aquellos departamentos que históricamente no la han tenido en esa corporación. En ese orden de ideas, se les garantizarían tres curules en la Cámara alta a los departamentos que antes conformaban lo que se conocían como los Territorios Nacionales. Las curules serían repartidas así: Una para Putumayo, Caquetá y Amazonas; otra para Vaupés, Guanía, Guaviare y Vichada; y una última para los departamentos de Arauca y Casanare. También se contempla garantizarles un escaño en el Senado a San Andrés y Providencia. Además, a propósito de los constantes reclamos de los raizales del archipiélago, se decidió asegurarles el derecho de tener voz y voto en la Cámara de Representantes con una curul que les garantice su presencia efectiva.
se crea la comisión de aforados
Debido a la sensibilidad del tema y a los distintos intereses políticos que hay detrás de ella, esta ha sido una de las propuestas más espinosas en el trámite de la reforma. La finalidad que persigue es acabar con la Comisión de Acusación de la Cámara, pues en el país hay consenso en que esa célula legislativa ha sido altamente ineficiente en la función constitucional que se le encomendó de investigar y juzgar a los aforados. En principio se hablaba de un Tribunal de Aforados, pero el calificativo de tribunal no cayó muy bien entre las altas cortes. La comisión estará compuesta por cinco magistrados que fallarán en Derecho y que investigarán y, eventualmente, juzgarán cuando haya lugar a responsabilidad penal a los magistrados de las cortes Constitucional y Suprema, del Consejo de Estado y al fiscal General. A última hora también aforaron al procurador, al defensor y al contralor.
paquete de normas para mejorar la justicia
En lo que tiene que ver con la rama judicial, el Gobierno Nacional aprovechó la crisis que produjo el escándalo en la Corte Constitucional para promover un paquete de reformas tendientes a “mejorar” la administración de justicia en el país. Entre esas medidas, se aprobó un artículo que acabaría con el “yo te elijo, tú me eliges” en las altas cortes, lo que significa que los servidores públicos no podrían contratar, postular o nombrar a familiares o personas que hayan intervenido en su postulación para el cargo que ocupan. Además se optó por quitarles las funciones electorales a las cortes en lo que tiene que ver con la postulación de candidatos a procurador y contralor. Por otro lado, y para mejorar las calidades de los magistrados se establecerá la meritocracia en la elección de los mismos para la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Asimismo, se aumentarían los requisitos para ser magistrado y, en aras de mayor transparencia, se estableció una inhabilidad de cinco años para que los togados salientes de alguna de las cortes puedan volver a litigar ante esa corporación.
Eliminación del consejo superior de la judicatura
Aunque la función constitucional del Consejo Superior de la Judicatura es importante, distintos sectores coinciden en que es un órgano muy grande para el papel que desempeña. Además, en los últimos años algunos de sus integrantes se han visto envueltos en escándalos que comprometen la idoneidad de esa corporación. En la reforma de poderes se propone reemplazar el Consejo Superior por un sistema de gobierno y administración de la rama que se denominará Dirección de la Magistratura. Este nuevo órgano, a diferencia del Consejo Superior, no estará integrado por magistrados sino por personas con formación en administración pública. Su sala disciplinaria sería reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, compuesta por siete magistrados que serían elegidos por el Congreso en pleno. La comisión tendrá por encargo examinar la conducta de funcionarios de la rama y de los abogados, y solucionará los conflictos de competencia de jurisdicción que eventualmente surjan.
Eliminación del voto preferente
Según la postura del Gobierno, el voto preferente ha sido sumamente perjudicial para la democracia porque ha incentivado el canibalismo al interior de los partidos y el clientelismo. Además, le ha dado un desmedido poder a los candidatos por encima de los partidos, reduciendo a estos últimos a unas simples fábricas de avales. Lo que se pretende con la eliminación del voto preferente es fortalecer el sistema de partidos a través de la implementación de listas cerradas para las elecciones a corporaciones. Uno de los temores que produce la aprobación de esta medida es que vuelvan aquellas prácticas nocivas como el denominado “bolígrafo” o cacicazgos regionales que imponen candidatos. Por eso, en lo aprobado hasta ahora, se condicionó la eliminación del voto preferente a la aprobación de una ley que establezca mecanismos democráticos al interior de los partidos.
Politólogo y abogado. Ni derecha ni izquierda. Política y deporte, los temas que me gustan. Viendo los toros desde la barrera.