En torno a la implementación de las 16 curules de paz, que estarán en la Cámara de Representantes a partir del 2022, se avivó una fuerte discusión después de que el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, dijera que los militares que estuvieran incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) de esa entidad podían lanzarse como candidatos para ocupar esas plazas.
La noticia que dio Rodríguez no era un dato menor, pues las víctimas del conflicto que son o fueron parte de la Fuerza Pública son más de 388.000. Además, surgió una duda central sobre si la posibilidad de participar en política bajo el manto de víctimas cobija también a los uniformados que se encuentran activos.
De acuerdo con los datos más recientes del RUV, que le fueron entregados a EL COLOMBIANO, en total hay 388.899 víctimas acreditadas por el RUV que al mismo tiempo fueron identificadas como integrantes de la Fuerza Pública: 34.248 son de la Armada, 5.759 de la Fuerza Aérea, 280.567 del Ejército y 68.325 de la Policía.
“Cuando me preguntan que si los exmilitares pueden ser representantes a través de las curules (de paz), es claro que pueden hacerlo si tienen todos los requisitos que están establecidos en la ley”, le dijo Rodríguez a este diario.
Sin embargo, el funcionario precisó que los militares activos no podrán lanzarse a ocupar la curules de paz, aunque estén certificados como víctimas. Y añadió que los miembros del Ejército retirados que sí están en el RUV son 245.649.
En ese sentido, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, anotó que “no hay ninguna excepción ni en la Constitución ni en la Ley que les permita a los militares activos participar en política”.
Los militares retirados
Para quienes ya están en retiro, el Decreto 1207 de la Presidencia y el Acto Legislativo 02 del 2021 aprobado por el Congreso establecieron requisitos específicos para aspirar a esas curules de la paz, que también aplican para todas las víctimas.
Lo principal es que estén incluidos en el RUV, que cumplan con todos los parámetros que se les solicitan a los representantes a la Cámara y que sean inscritos por organizaciones sociales, étnicas, campesinas o de víctimas acreditadas que estén registradas en los territorios donde se otorgan las curules de paz.
Además, tendrán que haber vivido en la circunscripción respectiva al menos en los últimos tres años. Y en el caso de los desplazados, tendrán que haber nacido o vivido allí al menos por tres años consecutivos.
Barrios agregó que los uniformados retirados que decidan lanzarse deberán competir en igualdad de condiciones con las demás víctimas. “No hay ninguna curul que se entregue por una condición distinta a ganar el proceso electoral en su circunscripción”, enfatizó Barrios.
Por su parte, Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), sostuvo que –en tanto los miembros de la Fuerza Pública estén incluidos en el RUV– también tienen derecho a participar en el proceso electoral de las 16 curules de paz. Aunque dijo que deben vigilarse “fisuras” en la normativa para evitar colados.
De otro lado, algunas organizaciones de militares víctimas del conflicto han manifestado inconformidades con los procesos de verificación previos al proceso electoral. Por ejemplo, el general (r) Luis Mendieta, quien fue secuestrado por las extintas Farc en 1998 y solo recobró su libertad hasta 2010, le dijo a este medio que el problema con la normativa que ya se aprobó “es que los afectados por el conflicto están en ciudades y municipios distintos a donde sufrieron los hechos victimizantes”. Por ello, señaló que el único requisito para ellos debería ser el hecho de que fueron victimizados durante el conflicto.
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