El comisionado de Paz, Danilo Rueda, denunció a través de Semana, que existe un cartel de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a personas señaladas por el delito de narcotráfico, a cambio de incluirlas en los procesos de paz total, con el fin de evitar su extradición a los Estados Unidos o conseguir rebaja de penas. La mayoría de los casos se estarían presentado en cárceles de Antioquia y en La Picota, de Bogotá.
“Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”, aseguró.
Asimismo, explicó que varios de ellos se han acercado hasta su oficina junto a sus abogados, en donde los ha atendido a través de audiencias presenciales o virtuales. Pero agregó que en “ningún acercamiento de estos está asegurando que se va a asignar una gestoría o que haya una impunidad frente a los procesos que están en curso”.
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Para un posible ingreso al proceso se requiere, recordó Rueda, un examen exhaustivo de documentos que sustenten el deseo de participar en la “paz total”, por lo que cualquiera no tendría espacio allí. A la fecha, solo cuatro de ocho solicitudes para colaborar “en labores de paz urbana en diferentes lugares del territorio colombiano” han sido aprobadas.
La mayoría de ellas de capos retenidos en Buenaventura y en la cárcel de Itagüí. Es así que a este beneficio intentó acceder José Ómar Henao Acevedo, alias “Ómar”, el jefe de “Los Pachelly”, pero no fue aceptado porque la información suministrada por su defensa fue cotejada con quien lleva actualmente el proceso penal.
“Ser gestor de paz no tiene precio. Las gestorías solamente se otorgan con condiciones en la medida en que haya un proceso de construcción hacia la paz. Esto no es ni una boleta que se compra ni tampoco algo que se rifa. Hay unos protocolos rigurosos para que pueda entregarse o designarse a alguien con esa categoría. Si se hace de otra manera, eso es corrupción”, advirtió el comisionado Rueda. Por lo que sería un delito intentar ingresar a la fuerza o con sobornos.
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Entre las denuncias presentadas por varios abogados, llamó la atención que mencionen a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, por lo que el comisionado Rueda aseguró que él no tiene ningún cargo dentro del Gobierno y, mucho menos, está facultado o autorizado para hablar o adelantar gestiones en materia de paz total.
“Ninguna persona está autorizada a nombre del presidente Petro o de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Soy el único que tiene las facultades delegadas por el presidente para estas posibilidades de traslados o de lo que podría ser un gestor de paz. Nadie que esté obrando a nombre de la oficina cobrando recursos está autorizado ni legitimado para eso”, recalcó Rueda.
Agregó que en su oficina “reposan documentos de las únicas personas que pueden participar como facilitadores en los acercamientos. Pero son unas únicas personas certificadas, las cuales están siendo monitoreadas y tienen que entregar informes permanentes a la Oficina de Paz”, dijo.
Tras conocer la posible existencia de dicho cartel de abogados y los señalamientos a su hermano, el presidente Petro no tardó en pronunciarse y recalcó, a través de su cuenta de Twitter: “Nadie puede negociar paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda. Ni militantes ni abogados ni funcionarios ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz”.
