El alto tribunal investiga al congresista del Pacto Histórico por la vinculación y funciones de un integrante de su unidad de trabajo legislativo (UTL).
El próximo 20 de agosto se llevará a cabo la audiencia de pérdida de investidura contra el congresista del Pacto Histórico, David Racero, por presuntas irregularidades con las funciones que desempeñó un asistente de su unidad de trabajo legislativo (UTL) entre noviembre de 2020 y enero de 2021. El proceso en su contra agrupa tres expedientes acumulados.
Según informó el Consejo de Estado, que lleva el caso, decretó oficialmente y admitió pruebas documentales y testimoniales para determinar el futuro político de Racero.
El proceso investiga si Jhon Leonardo García Lara, quien fue miembro de la UTL del representante a la Cámara, ejerció funciones que estaban por fuera de las establecidas en el trabajo legislativo por pedido del político.
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Vale recordar que los demandantes, el congresista y la Procuraduría deberán intervenir en la audiencia para exponer sus posturas sobre el caso. En ese sentido, ni Racero ni el Ministerio Público presentaron pruebas al proceso, que tendrá que ser decidido en un proyecto de decisión del magistrado Fredy Ibarra Martínez.
Los hechos por los que es investigado el representante petrista fueron revelados por el periodista Daniel Coronell. En sus publicaciones señaló que García habría terminado atendiendo un negocio particular (un mercado Fruver) de Racero en época de pandemia.
El político también habría pedido a otros de sus colaboradores que le hicieran diligencias personales. En conversaciones de WhatsApp de él con algunos miembros de su equipo, revelados por Coronell, se lee a Racero pidiendo a su asesora Estefanía Montoya pagar a otro, Yidis Gahona, la suma de $3.500.000 y cubrir una deuda de $2.375.000 de una tarjeta de crédito del congresista.
Esos chats y audios son algunas de las pruebas que tiene el Consejo de Estado para estudiar en medio del proceso que definirá la “muerte política” de David Racero. En estas también están certificados laborales, constancias de pago, registros de llamadas telefónicas entre él y su exasistente, así como un informe técnico forense sobre los mencionados mensajes de WhatsApp.
El también expresidente de la Cámara de Representantes ha estado envuelto en varios escándalos por presunto clientelismo y tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Racero habría pasado la hoja de vida de un recomendado suyo para “colocar encargado esos cargos, sacar los que están en ese momento y poner los nuestros”.
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