La propuesta con la que irrumpió una docena de congresistas del Centro Dermocrático de modificar la normatividad vigente para que el ciudadano del común pueda acceder al porte de armas en virtud de su legítima defensa, generó de entrada un álgido debate en diferentes niveles.
De hecho, el Gobierno Nacional decidió de entrada salirle al paso y manifestar su posición en contra.
El consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, recordó que la política del presidente Iván Duque sobre el tema es el desarme general, “porque las armas no son un derecho, conforme a la Constitución”, dijo, y sostuvo que “controlar rigurosamente las armas que tienen permiso y perseguir implacablemente las ilegales, contribuye a reducir el delito”.
Así mismo, insistió en que en el Estado social de derecho, tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, “jamás un derecho”.
La iniciativa, de autoría de la senadora María Fernanda Cabal y del representante a la Cámara Christian Garcés, abrió el debate en la opinión pública sobre lo pertinente de esta petición que, según los proponentes, busca que el ciudadano haga uso legítimo de su derecho a la defensa.
“Es un clamor ciudadano porque se siente desprotegido, por eso el aumento de secuestros, de la criminalidad. (...) Es volver a flexibilizar el porte porque Juan Manuel Santos lo que hizo fue inventarse un permiso especial que no tiene nada de especial, es una prohibición”, expuso Cabal en diálogo con EL COLOMBIANO.
A su vez, Garcés, el representante a la Cámara, manifestó que “la intención no es armar a todos los colombianos, sino fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas, fomentando el registro de las mismas, con un proceso de requisitos y tiempos claros”.
La propuesta de los congresistas pretende derogar el artículo 41 del Decreto 2535 de 1993, el cual fue modificado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, y que ha venido retomando el actual jefe de Estado, Iván Duque, quien lo ha renovado en 2018, 2019 y 2020.
En este se señala que “las autoridades podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido”.
La discusión
Cabal aseguró que la legítima defensa sí es un derecho constitucional y que, con la postura tomada por el consejero de Seguridad, “el Gobierno no está oyendo a la ciudadanía y a buena parte de los que lo eligieron”.
Otra de las figuras que se apartó de la propuesta fue el expresidente y exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter asegurando que no se debería pedir la generalización del porte de armas, y resaltó que manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales.
La postura del exsenador sorprendió a Cabal, quien indicó que “es más una decisión política que realmente de convicción, porque durante su Gobierno el porte era mucho más flexible”, precisamente lo que ella dice proponer.
Cómo está la seguridad
La propuesta sobre la flexibilización de las armas se presenta en un momento en el que, según las cifras del Grupo de Información de Criminalidad de la Policía Nacional, el homicidio por arma de fuego rebajó en 2020 comparado con el 2019.
El año pasado hubo 9.064 asesinatos con arma de fuego de los 12.018 reportados por la Policía, mientras que en 2019 se cometieron 9.192 homicidios de los 12.656 registrados.
En cuanto a los atracos, de 203.036 reportados en 2020, 43.235 se realizaron con arma de fuego; mientras que en 2019 se perpetraron 45.492 hurtos con arma de fuego a las personas, de los 305.614 reportados por los ciudadanos.
Sin embargo, la percepción de inseguridad en la que los congresistas basan la sustentación de su proyecto para permitir la flexibilidad del porte de armas, está basada en las cifras del Ministerio de Defensa: mientras que en enero de 2020 se registraron 1.062 homicidios, en enero de 2021 se cometieron 1.107; mientras que en enero de 2020 hubo tres secuestros, en el mismo periodo de 2021 se presentaron cuatro plagios; y frente a los 601 casos de extorsión denunciados en 2020 durante el primer mes, en 2021 hubo 651 casos registrados. Además, hablan de las situaciones de violencia que se están dando en ciudades como Bogotá, donde, entre otros casos, hace una semana perdió la vida el patrullero Edwin Arnoldo Caro Gómez, oriundo del municipio de Pueblorrico, Antioquia, en momentos en que un hombre armado le disparó luego de que se le pidiera la identificación. El hecho se registró en la inmediaciones del centro financiero de la capital.
“Medida populista”
EL COLOMBIANO consultó a expertos en seguridad y estos coincidieron en que el proyecto impulsado por los parlamentarios puede valorarse como populista.
Así lo dijo el doctor en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Eafit, Gustavo Duncan, quien manifestó que la propuesta llega “en medio de un pico de inseguridad”. Además, dijo que “es un mito de que si hay más armas estamos más seguros”, y, por el contrario, generaría mayores niveles de inseguridad y criminalidad en una sociedad violenta.
Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, por su parte, considera que la iniciativa, además de populista puede evaluarse en dos sentidos: “El primer mensaje nos lleva a un sofisma o dilema en el que debemos pensar si un arma realmente me protege o es que el Estado es incapaz de protegerme y me toca armarme. Hay que fortalecer a las instituciones en lugar de volver las ciudades un lejano Oeste”.
Lo segundo que expone el experto es qué intereses hay en la flexibilización de la norma. “El porte de armas aumenta la demanda pero la oferta estatal no sería suficiente, el estado sería el regulador y no el vendedor, ahí entrarían a jugar empresas internacionales y en esto debe haber un lobby”
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