Nunca en Colombia tantos líderes ambientales habían sido asesinados como durante el año pasado. Según la organización inglesa Global Witness, especializada en temas de Derechos Humanos, corrupción y delitos medioambientales, este país se convirtió en el segundo del mundo (solo después de Brasil) con el mayor número de crímenes relacionados con la defensa de los ecosistemas.
De hecho, los muertos por esta causa sumaron 37 en 2016, y preocupa que en los primeros cinco meses del año la lista llegaba a 22, cuando el total en 2015 había sido 26.
Aunque preocupado por las cifras, Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente, afirma que este no es un hecho nuevo, sino que el asesinato a líderes ambientales ha sido “una historia grave y dolorosa en Colombia, en parte motivada por la violencia generalizada que ha caracterizado al país en los últimos 60 años”
No obstante, para Ben Leather, autor del informe, varios factores han motivado este incremento. Uno, que mientras la lucha por conseguir los recursos naturales se ha intensificado en el país, con el Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc también creció el plan para aumentar la inversión extranjera, que por tradición ha generado más presión sobre las tierras indígenas y campesinas por parte de mega proyectos.
Además, los territorios que deja ese guerrilla son ahora disputados por otros grupos o milicias que, adicionalmente, se encuentran con comunidades desplazadas intentado retornar a sus tierras.
De otro lado, y como factor común en todo América Latina, está la impunidad: al no procesar a los perpetradores de asesinatos y amenazas, se está alentando aún más el silencio sobre esta problemática”, añade Leather.
Justamente por la impunidad, continúa el investigador, en Colombia es complicado saber a ciencia cierta quién está detrás de los crímenes y cuáles proyectos están asociados, aunque es claro que la oposición a la minería, a la agricultura a gran escala y a las hidroeléctricas son los mayores motivadores de ataques.
“Sí hay gran temor de que el Gobierno no esté actuando con la urgencia y la contundencia necesaria para responder a este fenómeno”, advierte el experto inglés, para quien es clave una mejor reglamentación de las empresas para que garanticen la participación libre e informada de las comunidades locales para que puedan defender el uso de los recursos naturales.
Sobre ello, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, asegura que la subida de los asesinatos resulta como consecuencia de algunos efectos de la implementación del Acuerdo de paz, en la medida en que quedan vacíos en espacios donde las Farc se están desmovilizando. “Eso es común en todo el mundo cuando hay un proceso de este tipo y, por eso, luego vienen agresiones a todo tipo de líderes, incluidos los ambientales”, dice el funcionario.
En esa medida, añade, el Gobierno Nacional tiene protocolos especiales de alertas tempranas y un estudio permanente de todos los casos a través de la Comisión de Seguridad de Garantía de no Repetición, en la que tiene incidencia la Fuerza Pública.
Problema sistemático
Pero este tipo de amedrantamientos no son exclusivos de Colombia. Entre 2002 y 2016, 1383 defensores ambientales fueron asesinados, de acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado y Transnacional, mientras Global Witness complementa con que el 2016 fue el año más mortífero para estos líderes en la historia (ver infografía).
Para Gloria Amparo Rodríguez, directora de la maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, las nuevas necesidades de desarrollo de los países, cimentadas en la explotación de recursos naturales, ha hecho que detrás se muevan intereses enfrentados con los de comunidades que optan por la protección de sus territorios, disputa que termina en el asesinato sistemático de líderes.
También influye el agravamiento de la delincuencia ambiental. De acuerdo con John Sellar, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado y Transnacional, a medida en que crece la conciencia por actividades como el comercio ilegal de especies, aparecen liderazgos que corren el riesgo de tener adversarios en el ámbito de la ilegalidad.
