El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, fue presentado en la tarde de este martes ante los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de solicitud de preclusión al proceso que se sigue por la presunta comisión de varios delitos por cuenta de una serie de declaraciones que entregó el entonces mandatario durante la época de la crisis del proyecto de Hidroituango.
Fue la propia Fiscalía la que pidió el cierre de la investigación que se abrió tras la denuncia interpuesta por Isabel Cristina Zuleta, representante del movimiento Ríos Vivos, en diciembre de 2018. El grueso del recurso judicial tuvo su origen en las declaraciones que el entonces mandatario entregó, señalando a la organización social como óbice para el desarrollo de la obra y que realizaban todo tipo de actividades para que se suspendieran los trabajos.
Las declaraciones se dieron cuando Pérez Gutiérrez anunció el llenado del embalse previsto para el primero de junio de ese año. “Hay unas personas encabezadas por una fundación que se llama Ríos Vivos que han generado obstáculos para paralizar esta gran obra”, fueron las palabras del mandatario y las cuales están consignadas en la demanda.
Junto con esas frases, Pérez Gutiérrez añadió que pese a que se han hecho mesas de trabajo con “las personas que han venido a perturbar la hidroeléctrica”, insisten en paralizar la obra.
La denunciante calificó de “ofensivas” las palabras de gobernador y aseguró que con las mismas se generaba un clima de criminalización de la protesta de la que participaban los líderes de esa comunidad que estaban dedicados a denunciar las presuntas irregularidades que se dieron con la construcción del complejo hidroeléctrico.
“Las declaraciones se registraron el 24 de abril de 2018, no obstante, la querella solo fue interpuesta el 13 diciembre de 2018. Es decir que la denunciante le pidió a la Fiscalía que investigara el hecho siete meses después, tiempo por fuera de la ley”, dijo el fiscal ante el estrado.
La tesis del ente acusador da cuenta de que la querella por injuria y calumnia caducó antes de su presentación y que las palabras del entonces mandatario de los antioqueños carecen de un componente discriminatorio y no se puede encontrar un trato denigrante en las mismas.
“Las expresiones del gobernador no iban dirigidas a limitar, no eran aseveraciones destinadas a hacer daño. El gobernador para entonces tampoco impulsó a alguien para cometer daños en contra de los integrantes de Ríos Vivos”, añadió el delegado del búnker.
Sobre el delito de abuso de autoridad, otro de los cargos de la demanda, y que está relacionada con la orden impartida en septiembre de 2018 para que se desalojara el coliseo Jaidukamá, que albergaba a 18 personas que dijeron ser damnificados de la megaobra, la Fiscalía sostuvo que esa instrucción fue impartida en un consejo de seguridad.
La Sala citó para el próximo 22 de abril una nueva audiencia de este caso. Al finalizar, Pérez se mostró confiado y dijo que “actuó en defensa de la legalidad y que espera que se concluya lo más pronto posible”.
Por su parte, Alirio Uribe Muñoz, que defiende a Ríos Vivos y su representante, reveló que se acatarán la decisión de la preclusión de injuria y calumnia, por los motivos ya expuestos, por lo que trazarán la estrategia de defensa sobre los demás cargos.
