El drama para los familiares de colombianos que fallecen en el exterior y no tienen cómo repatriar sus cuerpos llegará a su fin. Todo, gracias a un proyecto de ley, al que solo le hace falta la sanción presidencial, que busca darle solución a esta problemática de una vez por todas.
A través de un seguro que se pagará al sacar por primera vez o renovar el pasaporte, se busca poner fin a los cientos de casos de colombianos que mueren en otros países y cuyos seres queridos no pueden repatriar sus restos mortales por dificultades económicas.
Según las cifras de la Cancillería, en promedio se presentan 79,16 solicitudes de repatriación de cuerpos de colombianos al año y de acuerdo con los fondos con los que cuenta esa dependencia del Gobierno, se atienden por año unos 17,3 casos. No obstante, según los datos más recientes en todo el año 2019 se registró la cifra excepcional de 58 atendidos.
Uno de los más recientes casos fue el de Didier Andrés Ortega y Gladys Bocanegra (q.e.p.d.), dos connacionales que murieron en noviembre en un accidente de tránsito en Puebla, México, y cuyas familias elevaron una solicitud a la Cancillería pidiendo apoyo en el trámite para traer sus cuerpos de vuelta a Colombia, con el fin de darles cristiana sepultura.
El representante a la Cámara de los colombianos en el exterior y autor del proyecto de ley, Juan David Vélez, aseguró que ante casos como el de Didier Andrés y Gladys, la iniciativa se aprobó en el Congreso para evitar que las familias sigan inmersas en este tipo de problemáticas que implican conseguir y pagar entre 6 y 30 millones de pesos –dependiendo del país–, para traer a su ser querido de vuelta.
“Con este proyecto se va a generar una facilidad para que cada colombiano al momento de sacar o renovar su pasaporte pueda adquirir este servicio de manera voluntaria con un costo mínimo que oscilará entre los 8.000 pesos y 20.000 pesos”, explicó Vélez.
EL COLOMBIANO conoció los detalles de esta iniciativa, así como el proceso previsto para garantizar su implementación a través de la gestión de los recursos por parte de la Cancillería, para los futuros casos que se registren en cualquier país del mundo.
