El año 2023 estará como para “alquilar balcón” en el Congreso de la República. Se pronostica que se registrarán cambios en la balanza política con miras a las elecciones regionales de octubre, después de que en la segunda mitad de 2022 el presidente Gustavo Petro disfrutara de las mieles de su victoria al agrupar a su favor a las mayorías que, en gran parte con burocracia, le aprobaron proyectos claves para su gobierno como la reforma tributaria, la ley de ‘paz total’ y la primera vuelta de la reforma política.
El Jefe de Estado sigue sin saciar su apetito reformista y muestra de ello es el paquete de proyectos que le presentará al Legislativo. Para este año que recién inició, Petro espera que el Congreso siga con su impulso aprobatorio y le dé luz verde a proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de sometimiento, y a cuatro reformas estructurales que prometió en campaña: la política, la del sistema de salud, la laboral y la pensional.
Este ambicioso plan legislativo será una prueba de fuego para el Mandatario y su coalición de Gobierno, pues antes del inicio del receso legislativo, el 16 de diciembre pasado, la discusión de la reforma política dejó heridas –que siguen abiertas– en miembros de la Alianza Verde por serias inconformidades con la iniciativa y, además, para el segundo semestre del año los partidos se volverán a enfrentar en la elección de nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.
Se mantienen aires de triunfo
Al interior del Pacto Histórico hay optimismo para que el Legislativo siga con la “aprobatón” que tuvo en el segundo semestre de 2022. Así lo dejó claro el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, quien le aseguró a EL COLOMBIANO que “la agenda de 2023 será de lo más intenso que ha vivido el Congreso”; y, en esa misma línea, el representante David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, le dijo a este diario que “en 2023 llegará la agenda real de transformación”.
Este año la coalición oficialista pondrá a prueba su solidez cuando se tramite la segunda vuelta de la reforma política, a la que todavía le faltan cuatro debates al tratarse de un proyecto de acto legislativo. Esta propuesta ha sido fuertemente debatida entre el sector de ‘alternativos’ (Pacto Histórico y Alianza Verde) e incluso hizo que se registrara “fuego amigo” por cuestionamientos públicos al Gobierno de parte de congresistas verdes que han sido fieles a Petro como Ariel Ávila, Katherine Miranda y Catherine Juvinao.
Gran parte de la inconformidad con este proyecto se relaciona con la posibilidad que ofrece a los congresistas de renunciar para ser ministros, así como las listas cerradas y la posibilidad de cambiarse de partido sin recibir sanción alguna. A esto se suman artículos que le quitan facultades a la Procuraduría de afectar derechos políticos de quienes hayan sido elegidos por voto popular y que buscan garantizar un 100 % de financiación estatal de las campañas.
Prada es consciente de que este proyecto dejó heridas sin sanar en los aliados del Gobierno, tanto así que Ávila se atrevió a pronosticar que la coalición podría durar solo hasta mediados de 2023 para volverse a barajar. Ante ese contexto, el Ministro del Interior dejó claro que buscará consensos con la bancada oficialista y planteó que “extendemos la mano a los críticos para que ellos ojalá la tomen en una profunda deliberación democrática para hacer de esta reforma una modernización y profundización de la democracia”.
En la agenda también está la reforma a la salud, uno de los proyectos que más ha generado debate. Sobre esta iniciativa se sabe que el Gobierno Petro hará una apuesta decidida por superar la intermediación financiera de las EPS para tener flujo directo en el pago a los prestadores de servicios de salud. Además, se buscará crear un sistema público de información del flujo de recursos del sistema de salud, y retomará políticas de regulación de medicamentos.
Pese a que la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha insistido en que esta reforma no pretende acabar el sistema de salud, sino fortalecerlo, la iniciativa ha generado escepticismo porque ella y Petro se han mostrado de acuerdo con la idea de acabar con las EPS, aunque la Procuraduría les pidió que implementen una serie de medidas financieras para evitar que estas se quiebren y colapse el sistema.
En esta seguidilla de reformas también entrará la pensional, que tiene como pilar principal la creación de una renta básica correspondiente a medio salario mínimo para adultos mayores sin pensión, y que buscará que los sistemas público y privado se complementen haciendo que las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos hagan sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
De entrada esta reforma podría no gozar de popularidad, ya que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, aseguró que se usaría dinero de la entidad para obras como el tren que Petro prometió de Buenaventura a Barranquilla. Esta posibilidad desató una ola de críticas que el Jefe de Estado tuvo que enfrentar para aclarar que ese dinero saldría del ahorro en recursos que representaría el no tener que girar fondos del presupuesto de la Nación para cubrir gasto pensional de Colpensiones.
De la reforma laboral se han esbozado varios puntos estructurales. Por ejemplo, el Gobierno ha dejado claro que quiere acabar con los contratos de prestación de servicios y le metería la mano a la jornada laboral, pues se buscará que la jornada diurna se fije de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y la nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.
A pesar de su amplio poder político, el Gobierno tendrá que esforzarse más todavía en agilizar el trámite de las reformas que llevará al Congreso, ya que este proceso será una especie de carrera contra el tiempo considerando que en el segundo semestre de 2023 tendrá que sortear con factores divisorios como las elecciones locales y regionales de octubre, que podrían fragmentar y disipar la coalición oficialista en el Legislativo.
