El informe sobre el estado del aseguramiento en salud por parte de las entidades promotoras de salud (EPS) y las cajas de compensación familiar en 2024 dejó expuesta una realidad incontrovertible: las intervenciones de la Superintendencia de Salud contra las aseguradoras no han solucionado sus problemas financieros. Y además, volvió a poner el dedo en la llaga sobre el incremento de las tutelas y quejas por parte de los usuarios y pacientes.
Así mismo, mostró que aunque los giros a las EPS pasaron de $78 billones en 2023 a más de $87 billones en 2024, la realidad financiera de muchas aseguradoras sigue siendo precaria y preocupante.
Sin embargo, en entrevista con EL COLOMBIANO, el vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga —quien encabezó la realización del documento— le bajó la caña al hecho de que las EPS después de las intervenciones estén peor que antes, dijo que la solución a los problemas financieros no es inyectarles más recursos y criticó el sistema de salud.
¿Cuál fue el detalle que más les preocupó de la situación financiera de las EPS intervenidas?
El informe que se publicó da cuenta del estado financiero de las EPS a corte 31 de diciembre de 2024, reflejando que las EPS presentan un pasivo que está por el orden de los $32,9 billones. Ese pasivo se ve mucho más agudo en las que concentran el mayor número de la población colombiana afiliada. Como ocurre con 29 millones de colombianos que están en EPS intervenidas o bajo medidas de intervención forzosa, que desafortunadamente han incrementado. El dato que más nos preocupó fue el número de PQR (peticiones, quejas y reclamos) en todo el país. En 2023 pasaron de 1.300.000 a 1.600.000, siendo los principales motivos los relacionados con citas médicas y entregas de medicamentos.
¿En qué falló la Superintendencia de Salud, que en dos años de intervención en ocho EPS no han mejorado?
Lo que existe es un problema estructural en el modelo de salud. Con la creación de la Ley 100 de 1993, el país contaba con 157 EPS; hoy en 2025, solo existen 29 EPS. Esa falla estructural tiene que ver con las transferencias de afiliados a otras que funcionan regularmente y que al cabo de dos o tres años terminan colapsadas por su incapacidad para atender esos traslados. Eso se ve reflejado en las cifras de EPS liquidadas e intervenidas en todas estas décadas, lo cual pone en evidencia que se acumulan pasivos, que se liquidan EPS, que las intervenciones no han resultado ni en este ni en ningún gobierno.
¿Entonces la herramienta de las intervenciones no va a funcionar nunca, según le entiendo?
No se va a solucionar y la prueba está en que las intervenciones no resuelven un problema de mejoramiento de las EPS, o sea que hay un problema estructural del sistema que tiene que ver con cómo se controla el gasto médico y cómo hacemos que los recursos de la UPC (unidad de pago por capitación) alcancen. En 2022 se giraban $61 billones por UPC, en 2025 se están girando $94 billones. Es decir, $33 billones más. Pero no olvidemos que el Presupuesto General de la Nación son $500 billones y solo el sector salud se lleva 94. ¿En qué cabeza le cabe a quienes defienden el status quo del modelo que la única solución que tiene es que le inyectemos más recursos a la UPC y no revisar profundamente las actividades relacionadas con la eficiencia del gasto, con la contratación a farmacias, IPS y prestadores de servicios, que se convierten en volúmenes gigantescos de contratación sobre los cuales no hay un control efectivo para verificar si ese gasto es ejecutado con eficiencia.
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¿Pero no cree que el hecho de que el sistema depure las malas EPS es señal de que las que no cumplen se van y queden las mejores para los usuarios?
No lo vería así por una razón: hace dos años publicamos un informe que daba cuenta de que de las 29 EPS solo 14 cumplían los indicadores establecidos por la ley para prestar servicio. Dos años después estamos diciendo que de las 29 ya no son 14, sino seis. La pregunta que tenemos que hacer no es si en dos años de esas seis cuáles van a cumplir los indicadores. El problema no es la intervención ni cuáles cumplen los indicadores, el problema es que los indicadores que tenemos no las van a cumplir en cinco años ninguna EPS. También es la falta de controles lo que hace que solo se discuta de insuficiencia de la UPC, cuando deberíamos estar hablando de eficiencia del gasto y esos son los problemas estructurales que debe resolver el modelo de salud a futuro.
¿El informe tuvo en cuenta ese factor de la insuficiencia de la UPC, que es algo que ha secundado la Corte Constitucional y que no se puede obviar en esta discusión?
Nosotros hicimos un informe que está única y exclusivamente relacionado al estado financiero de las EPS certificados por los contadores y revisores fiscales a corte del 31 de diciembre de 2024. Lo que hicimos fue presentar una fotografía de cuál es el estado contable que reflejan en cuanto a sus activos y a los indicadores financieros, que son los que hacen que este informe hable de una inviabilidad del modelo por una razón: el indicador de sinestralidad, que seguramente a ese se refirió la Corte, y es que por cada $100 que le giran por UPC a las EPS, se gastan $110. Significa que si hoy están girando $94 billones cada año va a haber un rezago de $9,4 billones. En 10 años vamos a tener uno de $94 billones. ¿Qué país soporta resolver hoy $32 billones y en 10 años $100 billones para un solo sector? Este es un país donde el presupuesto ha tenido recortes y el recaudo tiene dificultades. Tenemos que hacer una discusión más seria, más reposada y más juiciosa sobre las finanzas de la Nación, de cómo hacemos más eficiente el uso de recursos sin deteriorar la prestación del servicio de salud.
El informe hizo una mención a la reforma a la salud. ¿El problema estructural del que habla lo puede solucionar ese proyecto?
El informe tiene varias observaciones y lo he dicho en el transcurso de esta entrevista. Lo que se tiene que hacer producto de este informe es plantear una discusión sobre la necesidad de hacer un abordaje mucho más claro en los modelos preventivos de salud para que no cueste tanto el sostenimiento del sistema en relación a la atención de las enfermedades de la población adulta. Esas situaciones son las que debería resolver el modelo de salud a futuro y es lo que debería tener en cuenta el Congreso al plantear una reforma.
¿Cree que esa reforma puede solucionar esas dificultades?
Nosotros no opinamos sobre el estado de la reforma ni el contenido. Hemos dado insumos técnicos que puedan servir para que el Congreso tome decisiones.
¿Hay otros sectores del país en el que haya deudas o dificultades financieras?
Nosotros cuando hemos planteado discusiones y conversaciones alrededor de las finanzas del Estado, hemos dicho que todos los sectores tienen huecos. El sector de los subsidios de estratos 1, 2 y 3 de servicios públicos debían $7.4 billones, pagaron $2,4 billones y tiene una deuda de $5 billones que se requiere para que no colase el sistema de prestación de servicios de energía en el país, sobre todo en el Caribe colombiano. Las concesiones tienen deudas, la salud tiene deudas... Nos referíamos a un análisis muy general de cómo todos tenemos que ponernos a pensar en que no se trata de pedir plata por sector, sino también de entender cuántos recursos se producen normalmente en la Nación y cómo se distribuyen equitativamente para que ninguno de los sectores colapse.
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