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Dos años para entregar 28.614 aulas en el país
El Ministerio de Educación confía en inaugurar cerca de 20.000 en 2017. Expertos cuestionan el proceso.
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51 mil aulas le hacen falta a Colombia para atender la demanda estudiantil. FOTO Archivo El Colombiano
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millones de estudiantes van a colegios públicos en Colombia.
51
mil aulas le hacen falta a Colombia para atender la demanda estudiantil.
La ciudadela San Antonio, en Buenaventura, devela algunas de la dificultades de la planeación urbana en Colombia. Ubicada lejos de los palafitos (estacas sobre el agua), la urbanización comenzó a tomar forma cuando el presidente Juan Manuel Santos entregó 565 viviendas en febrero de 2013. El objetivo que se trazó el Gobierno desde 2009 fue construir 4.052 casas para la población vulnerable del puerto. Los primeros problemas: ausencia de servicios públicos, población insatisfecha con el tamaño de sus nuevos hogares (52 metros cuadrados) y con la lejanía de su fuente de vida: el mar.
Hoy, tres años y cinco meses después, la ciudadela cuenta con 1.284 casas que costaron cerca de 99.852 millones de pesos, según el Ministerio de Vivienda. Los niños que viven allí estudian en salones improvisados y en casas que los profesores adecuaron para dar clases.
Hoy, Auberto Arboleda es el rector del colegio que está por construirse en San Antonio: “En este momento atendemos a 800 niños todos los días. Nos toca distribuirlos en seis aulas temporales que están en San Antonio I y en siete casas adecuadas en San Antonio II. La verdad no conozco los planos del nuevo megacolegio que van a hacer, pero dicen que serán espacios muy modernos, acondicionados para los niños. La verdad lo estamos necesitando”.
Casos como el de Buenaventura abundan en el país y el Ministerio de Educación lo sabe. De hecho, una de las promesas del Gobierno de Juan Manuel Santos es construir 30.680 aulas antes de 2018. Algunas serán edificadas en colegios nuevos, otras se añadirán a instituciones educativas que ya existen.
En el caso del puerto, el Ministerio de Educación puso la primera piedra del futuro colegio ‘Ciudadela San Antonio’ el 20 de junio de 2015. Se espera que albergue a 2.880 estudiantes.
En su visita a San Antonio, la ministra de Educación, Gina Parody, prometió 72 aulas, zonas comunes, laboratorios, salas de profesores, biblioteca, zonas deportivas, enfermería. Todo lo que le hace falta a los niños de la zona. Según la Alcaldía de Buenaventura, esta obra estaría lista en febrero de 2017.
El balance
El reloj sigue corriendo y los 32 departamentos avanzan, algunos con más dificultad que otros, en la construcción de nuevas aulas. En un balance del plan de infraestructura educativa del Ministerio conocido por EL COLOMBIANO aparecen las siguientes cifras: de los 30.693 aulas que prometió el Gobierno se han entregado 2.349, la inversión ha alcanzado los 602 mil millones de pesos y el departamento que más salones ha terminados es Cauca, que ha entregado 308.
En este plan, el rol de las alcaldías y las gobernaciones es clave, pues deben ayudar con la financiación (en algunos casos aportando hasta el 30 % de los recursos) e identificar los predios para construir nuevos colegios. Hasta el momento, la Nación ha desembolsado 846.404 millones de pesos, mientras que las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) han aportado 24.210 millones.
De acuerdo con el balance (ver infografía), Antioquia necesita 7.959 aulas para brindar una educación de calidad, con una jornada de ocho horas diarias. A la fecha, sin embargo, se han entregado 207 y se cuenta con un presupuesto de 92 mil millones de pesos.
Bogotá ha terminado 15 aulas, de las 5.531 que se esperan construir. Bolívar y Atlántico, por ejemplo, han presentado mejores resultados, con 249 y 165 aulas entregadas.
Hasta la fecha, el Ministerio le ha girado 7 .495 millones de pesos a la Gobernación de Antioquia, entidad que ha entregado 33 aulas. En Bello, municipio donde se necesitan 512 aulas nuevas, el Gobierno ha invertido 18.285 millones para 37 salones nuevos. Para Medellín, el Ministerio ha destinado 23.152 millones, pues la ciudad necesita como mínimo 2.173 aulas nuevas y hasta el momento se han entregado 22.
El secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, le dijo a EL COLOMBIANO que la administración local está esperando “que se haga efectivo el superávit aprobado para este propósito por el Concejo”.
En la primera fase del plan de jornada infraestructura escolar, el municipio de Itagüí ha entregado más aulas que Medellín. Con una inversión de 26.888 millones de pesos, el Ministerio logró, en trabajo conjunto con la Alcaldía, que se terminaran 55 aulas nuevas de las 228 que deben estar terminadas antes de 2018.
Sobre la ejecución del plan, la ministra Gina Parody se muestra tranquila, pues la mayoría de aulas se construirán entre 2017 y 2018: “En el Gobierno nos hemos puesto el objetivo de construir 30.680 aulas de clases para 2018. Con estas reduciremos ese déficit de aulas en 60 % y lograremos que 2,3 millones de niños reciban ocho horas de clase cada día. Por intermedio del Plan Nacional de Infraestructura Educativa tenemos la meta ambiciosa de entregar 1.160 aulas este año; 7.576 aulas nuevas en 2017 y, finalmente, 20.382 aulas en 2018”.
Jornada única es clave
Una de las razones por las que el Gobierno ha implementado el plan de infraestructura educativa tiene que ver con un proyecto paralelo: el de la jornada única, que busca que los estudiantes que permanezcan como mínimo ocho horas diarias en el colegio. La meta del Ministerio es que en 2018 cerca de 2,3 millones de estudiantes (de 9 millones que hay) estén en jornada única.
Para lograr que los niños pasen más tiempo en el colegio, el Ministerio debe garantizar la contratación de nuevos profesores, la disponibilidad de las aulas de clase, currículos escolares actualizados y alimentación escolar. En el tema de los profesores, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) amenazó con un nuevo paro indefinido por las malas condiciones laborales de algunos docentes, en especial por las barreras que tienen para obtener servicios de salud. Fecode ha argumentado, además, que la implementación del plan de jornada única debe hacerse con una reforma paralela que garantice mejores salarios para los maestros.
A estos problemas se suman otros más complicados, como la construcción de colegios en territorios donde existe conflicto armado. En el corregimiento La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, la edificación del nuevo centro educativo ha tenido varios tropiezos. Uno de ellos está relacionado con problemas de orden público, pues el territorio ha sido disputado por las guerrillas del Eln, Epl, Farc y las bandas ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’.
En marzo pasado, las directivas del centro educativo denunciaron que el Eln había solicitado 400 millones de pesos para permitir la construcción del nuevo megacolegio. Esto generó retrasos y la situación de hacinamiento se prolongó. Actualmente la sola sede recibe a 1.100 estudiantes y a 25 docentes.
Uno de los directivos del colegio que pidió mantener su nombre en reserva le dijo a EL COLOMBIANO que con las obras se verían beneficiados 1.500 estudiantes: “Esperemos que esté lista en diciembre porque ahora hay hacinamiento total. Cerca de 100 estudiantes ven clases en un mismo salón. Nos ha tocado utilizar la biblioteca pública como salón de clases y un quiosco como sala de profesores”.
El hacinamiento es un problema secundario. Lo que más le preocupa al directivo ahora es el aumento de la deserción escolar: “Como no tenemos servicio de restaurante escolar, los niños de las veredas ya no vienen. Pese a que la infraestructura del restaurante ya está lista, no hay operador que garantice el servicio. La Alcaldía dice que esa es la labor del departamento pero allá no dicen nada”.
Como lo han demostrado los informes recientes de la Contraloría General y las denuncias en el Congreso, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no está funcionando bien. En abril pasado, el contralor General, Edgardo Maya, presentó un informe que contiene 210 hallazgos fiscales en la ejecución del PAE en la Costa Caribe. En total, encontraron un hueco fiscal por 12.745 millones de pesos.
Para la Contraloría, en los programas de alimentación escolar “se presentan debilidades por parte de todos los actores del mismo (Ministerio de Educación Nacional, Gobernaciones y Municipios)”. Para blindar este programa el ministerio propuso en el Senado la creación de una agencia que vigile los recursos y la ejecución que tiene el PAE.
Dudas frente a la reforma
La poca efectividad del Estado para garantizar la alimentación de los niños es uno de los temas que más le preocupa a Luis Fernando Ospina, presidente de Asociación de Institutores de Antioquia (Adida): “La forma como se está implementado la jornada única no es la adecuada. No se garantizan las condiciones mínimas para los estudiantes, ni siquiera la alimentación escolar. Y cuando hay alimentación no se cumple con los niveles nutricionales adecuados”.
Para Ospina, el Gobierno se ha concentrado en “otorgarles beneficios económicos a los rectores para que se unan a la jornada única, sin pensar en los niños y en las condiciones en las que estudian. Ellos necesitan una infraestructura educativa apropiada, laboratorios, escenarios deportivos, aulas con computadores. En ese aspecto falta mucho, por eso nuestro lema es ‘jornada única sí, pero no así’”.
Desde otra orilla opina Alejandro Ome, economista especializado en educación: “Veo un problema y es que no se está evaluando el impacto que tiene la jornada única ni el plan de infraestructura. Creo que este es un vacío predominante en el Ministerio, que también debe tener en cuenta el transporte y la alimentación para que funcione la jornada única. Una forma sencilla para evaluar el programa sería aplicar pruebas Saber antes y después de aplicarlo en los colegios que están ampliando la infraestructura y las horas de estudio”.
Reportero. Creo, como Rainer Werner Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”.
