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El país ha sido testigo de los desplazamientos forzados masivos que por cuenta del conflicto armado se han registrado en casi todo el territorio nacional, sin embargo, poco se conoce de las comunidades que, también por la guerra, han tenido que vivir un secuestro en su propia región, de la que no pueden salir por cuenta de las balas, amenazas o instalación de explosivos.
Esta situación se conoce como confinamiento, que como lo explica Víctor de Currea-Lugo, experto en conflicto armado y Derecho Internacional Humanitario, es una gama de acciones que pueden ir de la afectación a la libre circulación hasta el aislamiento total de comunidades enteras. “Estas restricciones implican una pérdida del derecho a la movilidad. Afecta el acceso a los servicios de salud, ayuda humanitaria, comida, combustible. Hay varios grados de confinamiento”.
Uno de esos casos se presenta frecuentemente en el departamento de Chocó, donde el enfrentamiento entre grupos armados ilegales ha dejado en el medio a comunidades indígenas y afro.
Precisamente, las pertenecientes al Resguardo Indígena de Pichimá, municipio del Litoral del San Juan, ubicado en el sur de ese departamento, fueron víctimas de un enfrentamiento armado entre disidencias de las Farc y Eln el pasado 2 de junio, día que calificaron como “uno de los más amargos de su existencia”.
El enfrentamiento, según denunció la Organización Nacional indígena de Colombia, Onic, duró más de cuatro horas. “Nos tocó aguantar hambre todo el día, porque este enfrentamiento le generó un cerco a toda la comunidad, quedando todos sus integrantes en medio del fuego cruzado, confinados e imposibilitándonos no sólo para abastecernos de alimentos de consumo de primera necesidad, sino que también éste nos restringió el desarrollo de la caza, la pesca y la recolección de pan coger”.
Sobre esta situación, que no solo se vive en Chocó, la Defensoría del Pueblo reveló una alarmante cifra sobre el confinamiento en el territorio nacional.
En lo que va corrido de este año, 63 comunidades pertenecientes a Chocó y Nariño han sufrido de este flagelo, afectando a un total de 14.773 personas. “Especialmente preocupa la situación de Chocó, donde son 11.349 personas vulneradas de 54 comunidades”.
Higinio Obispo, consejero secretario general de la Onic, aseguró que la situación es “muy compleja”. Denunció que los actores armados, “no contentos con lo que hacen, se están llevando los alimentos como cerdos, gallinas, que es lo que se tiene para comer a diario. Eso es saqueo”.
Agrega el representante indígena que este tipo de acciones de los grupos armados ilegales tienen una razón: “se están quedando en nuestros territorios por su ubicación estratégica y quieren apropiarse de ellos, siembran coca y con eso justifican la disputa. Esto nos está matando nuestra identidad cultural”.
El complicado panorama en el país, según la Defensoría, se extiende con los desplazamientos forzados que se han registrado este 2019.
Ocho departamentos son los que han sufrido este fenómeno, siendo Nariño la región que concentra el 43% de todos los casos con 11 eventos de desplazamiento que afectaron a 3.540 personas (ver infografía).
“Es una situación que nos tiene muy preocupados porque entre enero y junio se han presentado 35 desplazamientos, que hacen una referencia de 8.223 personas afectadas en departamentos como Nariño, Chocó, Norte de Santander y Antioquia”, afirmó Felipe Vernaz, defensor delegado para los derechos de la población en movilidad humana.
Aunque en municipios como Briceño e Ituango hay orden de los grupos armados ilegales de no transitar por la zona rural en horas de la noche, para la Defensoría esto se trata de una restricción a la movilidad y no de un confinamiento.
Sin embargo, en el departamento, confirma que en lo que va corrido de este año se registra al menos un desplazamiento masivo ocurrido precisamente en el municipio de Ituango, en el mes de febrero.
Para la Defensoría del Pueblo, aunque se debe reconocer los esfuerzos del Gobierno para darle control a esta situación, no se puede dejar de hacer un fuerte llamado a las instituciones para realizar intervenciones de manera integral. “Tiene que darse una mayor interacción por parte del Gobierno, sobre todo en la zona Pacífico”, recalcó Felipe Vernaz.