Que la Corte Suprema de Justicia designe un fiscal ad hoc “con la independencia y capacidades suficientes” para hacerse cargo de la investigación por la “ñeñepolítica”, escándalo desatado por las llamadas interceptadas al fallecido José Guillermo “Ñeñé” Hernández, fue la petición que públicamente hicieron el pasado martes las corporaciones Dejusticia y Transparencia por Colombia.
A juicio de las corporaciones, esta designación es necesaria, pues los audios de “el Ñeñe” darían cuenta de un presunto fraude electoral en la campaña presidencial del hoy mandatario, Iván Duque, con quien el fiscal general, Francisco Barbosa, ha sostenido “una relación personal y profesional”, por lo que existe “un conflicto de interés” para investigar los hechos.
Pero, ¿qué tan viable es la propuesta de elegir un fiscal ad hoc, que se encargue de supervisar este caso? Expertos consultados por EL COLOMBIANO difieren en la interpretación de la norma que regula estas designaciones, pero coinciden en que por criterios éticos, Barbosa debería dar un paso al costado.
El Artículo 56 del Código Penal establece que el impedimento para que un funcionario judicial conozca la investigación de un caso, se puede dar por consanguinidad o amistad íntima con la persona implicada. En ese sentido, para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, el fiscal general sí estaría incurso en un impedimento, “ya que anteriormente él ha sido subordinado del presidente. Por eso, y por su relación personal, no habría garantía de independencia para supervisar la investigación”.
Pero para Burbano, hay también que tener en cuenta los criterios éticos, pues “Barbosa fue ternado por el presidente para ser fiscal”.
Por su parte, Luis Eduardo Agudelo, coordinador de la maestría en Derecho Penal y Teoría del Delito de la Universidad Autónoma Latinoamericana, considera que “es muy difícil determinar el grado de intimidad de una amistad para poder comprobar un impedimento. Entre el fiscal y el presidente no hay parentesco, tampoco hay vigente una jerarquía de uno sobre otro aunque ambos hagan parte del funcionamiento del Estado”.
El académico concluyó sin embargo que, “un asunto distinto es la transparencia. Frente a la opinión pública es conocido que son amigos, por lo que nombrar otro fiscal para la investigación específica sería lo mejor”.
