Cali ha sido escenario de los hechos más graves en el marco del paro nacional, al registrar tiroteos contra manifestantes, destrucción del 90% sistema de transporte masivo y desabastecimiento de alimentos y combustible.
Según las autoridades, desde el 28 de abril, nueve bloqueos en Cali y 29 en el resto de Valle generaron escasez de vacunas anticovid, oxígeno, gasolina y alimentos, así como pérdidas financieras a un sector empresarial que venía en crisis por la pandemia (ver cuadro sector empresarial).
Ante la inquietud de por qué Cali se volvió el epicentro del caos, Alberto Sánchez, académico caleño e investigador en temas de seguridad, le dijo a EL COLOMBIANO que desde el paro del 21 de noviembre de 2019 se preveía que la situación desbordaría al sistema de defensa de la ciudad.
“A diferencia de Bogotá o Medellín, la criminalidad en Cali es desorganizada, hay graves problemas de delincuencia común en la periferia y comunidades con poco acceso a servicios públicos. Es una falla sistémica y supera los recursos de las autoridades”, indicó.
Añadió que Cali juega un papel esencial es dinámicas regionales (Buenaventura, Cauca, costa Pacífica), legales e ilegales, y esto dificulta el control de las entidades locales .
En lo legal, basta recordar que Valle y el norte de Cauca producen cerca de la tercera parte de los huevos, pollo y medicamentos del país, y casi el 100% del azúcar, como recordó el exministro Juan C. Echeverry (ver recuadros).
Y respecto a lo ilegal, en Cali convergen redes del Eln, disidencias de las Farc y grupos narcotraficantes que usan el Pacífico como plataforma de exportación de la droga.
“En la ciudad se dan toda clase de negocios clandestinos y ajustes de cuentas. Pasa todo el tiempo”, contó Sánchez, y agregó: “Es lamentable que estas condiciones, que vienen de tiempo atrás, estallen durante el paro, porque afectan la legitimidad de la protesta”.
Dichos factores están mediadas por dos fenómenos: la constante recepción, desde hace más de una década, de población desplazada de Cauca y Nariño, por conflictos entre grupos armados que se disputan los cultivos ilícitos.
Y segundo, por una atomización del crimen organizado. Según fuentes policiales, el desmantelamiento de “los Rastrojos” en 2015, la estructura que aglutinaba a la mayoría de bandas, generó desorden en el mapa delincuencial y dejó sin patrones a cerca de 182 grupos delictivos, según Unodc (2019).
“En Cali tenemos dos tipos de bandas: las oficinas de cobro, involucradas en narcotráfico y sicariato; y pandillas juveniles, que acostumbran formar riñas y vandalizar. De estas últimas, 19 estuvieron en saqueos durante las protestas”, explicó a EL COLOMBIANO un agente de la Dijín.
La violencia escaló a tal punto que se registraron enfrentamientos entre algunos marchantes y otros ciudadanos. El caso más grave fue el 9 de mayo, cuando desconocidos dispararon contra una chiva que transportaba indígenas que acudían a las movilizaciones, en el sector El Lido. En su reacción, los afectados invadieron un conjunto residencial, destruyeron carros y propiedad privada. Hubo nueve indígenas y dos uniformados heridos, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Policía.
Se presume que en este incidente participaron personas relacionadas con las bandas, aunque la Dijín no lo ha esclarecido, por lo que ofreció $100 millones de recompensa por información.
Según la Fiscalía, las marchas han sido infiltradas por redes urbanas del Eln y disidencias. Aunque esto ocurre en otras metrópolis, el fenómeno es crítico en esta zona, pues entre Valle, Cauca y Nariño se concentran ocho facciones disidentes, con cerca de 1.000 integrantes (entre combatientes y milicianos), que utilizan a Cali como centro de logística y abastecimiento de insumos criminales.
Inteligencia Militar indicó que las estructuras más activas allí son el frente 30 y las columnas móviles Adán Izquierdo y Alfonso Cano.
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