Regiones del país donde ya se debería disfrutar de los sonidos de la naturaleza y la calma que trae consigo la firma del Acuerdo de paz con las Farc, siguen estremecidas por los estruendos de los fusiles disparados por los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.
Los enfrentamientos armados en Cauca, Chocó, Antioquia, Arauca y Norte de Santander obligaron a la gente a esconderse y, en lo que va de 2019, los combates entre las Fuerzas Militares y las estructuras ilegales aumentaron en un 82%, según lo documentado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
A mediados de 2015, en pleno proceso de negociación con el grupo guerrillero, la insurgencia inició lo que se denominó un desescalamiento del conflicto y redujo sus hostilidades. Durante el primer semestre de ese año hubo 49 choques armados registrados por reportes de prensa en todo el país, tal cual lo indica la FIP y lo documentó el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, Cerac.
Entre el 20 de julio de 2015 y el 19 de julio de 2016, el Cerac señaló que “el conflicto armado entre las Farc y el Estado colombiano ha caído (para ese entonces) a sus niveles mínimos en 52 años, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, y de acciones violentas”, y agregó que las acciones del extinto grupo guerrillero cayeron en un 98 %.
En esa línea, en 2016, 2017 y 2018 hubo una tendencia a la baja (ver infografía). Sin embargo, el primer semestre del año en curso los números se “dispararon”, y el sonido de fusiles y detonaciones volvieron a quitarles el sueño a comunidades rurales, allá en las regiones donde se vive la guerra, las mismas que no alcanzaron a ver el prometido posconflicto.
Para Juan Carlos Garzón, Director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, el resultado de las investigaciones hechas en terreno, consultando a las víctimas y fuentes oficiales, es una combinación de la reactivación de actores armados nuevos y viejos con un Gobierno que viene con la consigna de que hay que empoderar a las Fuerzas Militares para tener una mayor respuesta contra los ilegales.
“Este 2019 el incremento es notorio y diversas fuentes consultadas para el estudio apuntan a que tiene que ver con el cambio de gobierno; y es que es muy distinto a cómo termina un mandato y cuál es su pretensión en términos estratégicos a un gobierno iniciando, que necesita mostrar resultados y que viene con una idea de que la Fuerza Pública estaba muy quieta”, explicó Garzón.
¿Buenas o malas noticias?
El aumento de las confrontaciones es un indicador de que el conflicto sigue vivo, pero esto puede ser evaluado desde varias ópticas.
Para el Gobierno es sinónimo de trabajo y respuesta ante una amenaza que mantienen los ilegales. Sin embargo, para otros analistas y expertos significa más violencia. Que no se logró proteger esas áreas que quedaron sin presencia de la antigua guerrilla de las Farc.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentó en junio el balance operacional de las Fuerzas Militares ante el Congreso y resaltó que, aunque sí hay aumento considerable en las actividades, los niveles de mortandad en los combates han descendido de manera significativa como lo tiene reportado por las unidades militares que operan en las zonas.
Las cifras oficiales de las operaciones que presentó el ministro Botero, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, plantean que pasaron de 1.641 a 2.186, 545 operaciones de más. Los combates pasaron de 101 a 227, con un incremento del 124%. Pero el número de muertes es de 67 contra 63 en el periodo anterior. Lo que quiere decir que se presentaba un muerto cada 1.6 combates, ahora se presenta cada 3.3 combates.
Las cifras publicadas por el Mindefensa son muy superiores a las que ofrece la FIP; sin embargo, desde esa fundación explican que la información publicada hace parte de una base de datos propia que se alimenta de las publicaciones de prensa.
“Esto refleja lo que se logra difundir, que por lo general son confrontaciones persistentes y de manera sostenida. Si hay un combate aislado en zona muy lejana normalmente eso no se registra por la prensa, pero sí queda reportada por la Fuerza Pública, por eso la diferencia en las cifras”, explica Garzón de la FIP.
En opinión de Álvaro Villarraga, experto en conflicto y catedrático, lo que está ocurriendo es una mala noticia para la paz. “El cierre de la guerra y el contexto de la implementación del Acuerdo de paz con las Farc no se dio como se esperaba”.
Agrega Villarraga que se desaprovechó la oportunidad de cerrar de manera global el conflicto armado (Farc y Eln), y ahora una queda activa y no se puede menospreciar. “Ellos están interesados en mostrar su capacidad militar y a eso se suma otro hecho dramático: las disidencias de las Farc”.
Este experto afirma que hay muchas zonas que se han ganado para la paz y que la magnitud que tenían los grupos armados ya no es tanta. “Ahora la Fuerza pública queda con una doble misión, porque si hubiera consolidado muchas zonas, podríamos hablar de un posconflicto, pero se debe hacer una tarea doble: construir la paz y su implementación y, a la vez, combatir a los grupos ilegales”.
Antioquia, más combates
Esta zona del país está cubierta por la Séptima División del Ejército, la unidad militar que más combates registra este año en todo el país. Su área de operaciones se concentra en Antioquia, Chocó, Córdoba y, en esas regiones, entre enero y el 21 de agosto de este año, estuvo involucrada en 141 choques armados con ilegales, de los cuales 100 se dieron en Antioquia (Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Urabá).
El comandante de esa división, general Juan Carlos Ramírez, explica con el manual de operaciones del Ejército en mano, que las tropas entran en combates “para destruir a las fuerzas enemigas o para capturar o retener territorio”, y advierte que no necesariamente se busca acabar vidas.
“El Ejército está prestándole atención a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y que estas tienen un fin: proteger a la población civil. Hemos visto que esas recomendaciones son totalmente acertadas porque hemos logrado ganar y ocupar espacios en los que se alertó de la presencia de grupos armados organizados y hemos logrado disuadir, ¿cómo? con combates”, dice el oficial.
Añade que, con este escenario, lo que se busca es pasar de un control estático a un control dinámico de las regiones, “es decir, pasar del control militar del territorio al control institucional”.
De los 100 choques armados entre el Ejército y los grupos ilegales que se han registrado este 2019 en Antioquia, 47 no tuvieron ninguna consecuencia, 25 resultaron con capturas, 16 terminaron con personas fallecidas, seis con la recuperación de menores de edad, cuatro con heridos y 2 con sometidos a la justicia.
Así las cosas, a tres meses de cumplirse tres años de la firma del Acuerdo, la guerra azota algunas regiones, y como lo muestran los registros del Gobierno, en 2016 murieron 15 integrantes de la Fuerza Pública por las confrontaciones, en el 2017, 83; en 2018, 96; y entre enero y mayo de 2019, fueron 33 los que perdieron la vida en combate .
