La decisión del Eln de realizar un paro armado, en el que ejecutaron 20 acciones terroristas, se convirtió en un golpe de gracia para la negociación de paz que adelantaba el Gobierno con esa organización en Ecuador. La primera consecuencia es que se convirtieron, a juicio de la Defensoría del Pueblo, en la principal amenaza para las próximas elecciones.
Son en total 287 municipios, 36 de ellos en Antioquia, con algún tipo de riesgo y extremo en 20, sobre los que el defensor del Pueblo, Carlos Negret, lanzó la advertencia y pidió al Gobierno tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar la seguridad. “Nuestra preocupación es que los electores puedan acudir a esta cita con la democracia de forma libre y pacífica. Asimismo, que los ciudadanos que aspiran legítimamente a ocupar a estos cargos públicos, lo hagan sin que la vida y la integridad personal se afecten”, afirmó.
Frente a esta situación, Jaime Carrión, docente del área de Partidos Políticos de la U. Nacional, afirma que llama la atención la situación de Antioquia. “Se trata del departamento con mayor número de municipios en riesgo extremo. Un comportamiento similar ofreció el informe de la MOE que presentó 13 en esa condición. Desafortunadamente, el informe de la Defensoría es más grave, aduciendo que el riesgo lo ocasionan bandas criminales y grupos guerrilleros que hacen presencia en el departamento”.
Pero no es solo el Eln, que afecta 148 municipios, el único factor de alerta. También los son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que tiene presencia en 127, los grupos posdemovilización de las Farc en 70, y en 17 el Epl. Un factor que llama la atención es que, pese al Acuerdo de paz con la Farc y su vigente llagada a la política, los grupos disidentes siguen siendo una potencial amenaza en 78 municipios.
A juicio de Pedro Piedrahíta, docente de ciencias políticas de la Universidad de Medellín, “la decisión del Eln de realizar un paro armado, en el que ejecutaron 20 acciones terroristas, se convirtió en un golpe de gracia para la negociación que adelantaba el Gobierno con esa organización en Ecuador y la primera consecuencia es que se convirtieron, a juicio de la Defensoría del Pueblo, en la principal amenaza para las próximas elecciones de Congreso y Presidencia de la República”.
Según el informe, las conductas identificadas que pueden implicar problemas para las elecciones son amenazas contra movimientos políticos, constreñimiento al sufragante, perturbación del certamen democrático, restricciones a la movilidad, terrorismo, homicidios, corrupción al sufragante, ataques contra individuos y sedes políticas, confinamiento y desplazamiento.
