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En calidad de vida para la infancia, estamos en el puesto 82 de 180
Informe de The Lancet y Unicef plantea este como un reto de todos. ¿Qué se debe hacer?
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Según Unicef, de cada 100 niños que ingresan a estudiar en las escuelas en zonas rurales, solo el 48 % logra terminar sus estudios. FOTO Juan Antonio Sánchez
11 de marzo de 2020
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Garantizar los derechos de la infancia y la niñez sigue siendo una tarea para Colombia y el mundo, sobre todo en aspectos como educación, violencia y explotación sexual o laboral, y un ambiente sano y seguro.
Esta conclusión se desprende del informe “¿Un futuro para los niños de todo el mundo?”, publicado por la revista The Lancet y Unicef en febrero pasado, en el que ubican a Colombia en la posición 82 en el escalafón de los mejores países para esta población.
La medición, que abordó la situación en 180 naciones, tiene a Noruega como el primer país, mientras que la República Centroafricana es la última, es decir, en esa nación la vulneración de derechos es una constante y la institucionalidad no ha logrado resolver estos problemas que, a simple vista, no permitirán que los niños tengan un mejor futuro frente a lo que viven ahora o a lo que vivieron sus padres.
Por los lados de Sudamérica el mejor ubicado es Chile, seguido de Uruguay y Colombia, mientras que los tres últimos son Venezuela, realidad acentuada por su crisis política, social y económica, y es seguido por Surinam y Bolivia (ver infografía).
Desafíos mundiales
El informe plantea que los grandes desafíos se enfocan en mitigar el cambio climático, reducir la degradación del ambiente, atender las migraciones (como la venezolana), solucionar los conflictos (como los que se viven en Colombia, según el Comité Internacional de la Cruz Roja) y las “inequidades generalizadas y las prácticas comerciales agresivas que amenazan la salud y el futuro de los niños”.
Asimismo, el informe resalta que pese a que hay una “mejoría” y que el haber establecido en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un buen síntoma, aún “son pocos los que, casi cinco años después, han avanzado a un ritmo suficiente”.
Por ello, plantean The Lancet y Unicef, los gobiernos deben aprovechar las alianzas entre distintos sectores para superar las presiones comerciales y económicas, satisfacer los derechos de los niños y trabajar para que “el planeta sea un lugar habitable”.
¿Y Colombia?
Con solo revisar las cifras de Medicina Legal en relación con los presuntos abusos sexuales contra los menores de edad se encuentra que la situación es crítica.
En 2019 se dieron 22.211 casos, con un promedio diario de 60,8 abusos sexuales.
El panorama en este inicio de año, al comparar el promedio diario con el del año pasado, deja ver una reducción de 11,1 casos, pues durante el primer mes de este año, el promedio fue de 46,7, para un total de 1.543.
Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la niñez colombiana –integrada por entidades dedicadas a la protección de esta población–, señala que estos casos son preocupantes, toda vez que según el Instituto de Medicina Legal de cada 100 casos, solo 30 se convierten en denuncias ante la Fiscalía.
“El Estado como garante de garantes de los derechos debe blindar toda su institucionalidad para que ni un solo día, ni un solo niño sea vulnerado en sus derechos”, dice Carvalho.
También llama la atención de autoridades, tanto nacionales como locales, para que se adopten decisiones y se formulen políticas públicas “coherentes con la protección de la infancia, que es de interés superior en nuestro país, como lo ordena la Constitución Política”.
Al respecto, Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), no duda en confirmar que aún hay pendientes y los desafíos siguen siendo amplios en relación con la defensa de esta población: “Sin duda Colombia tiene aún deudas históricas por cumplir con las niñas, niños y adolescentes”.
Además, dice la funcionaria, estos problemas “hay que reconocerlos para poder avanzar en su resolución”. Por otra parte, agrega que en su mayoría las dificultades están asociadas a la situación de pobreza de las familias, pero que hay otras que se deben enfrentar con políticas estructurales.
“Aún con el abrumador presupuesto de una entidad como el Icbf ($7 billones), esto nos permite llegar a dos terceras partes de niñas y niños entre cero y cinco años del grupo más vulnerable identificado en Sisbén, y a un poco más del 3 % de la población entre 6 y 18 de años ese mismo grupo”, agrega la directora, quien hace énfasis en que desde el Icbf también se trabaja –y se debe mantener– en contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional, que según datos del Departamento Administrativo Nacional de estadísticas (Dane) golpea a 1,1 millones de colombianos.
La infancia colombiana también es vulnerada por otras situaciones, como la violencia y el conflicto, que se aprovecha de su vulnerabilidad para reclutarlos. Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save The Children en el país, sostiene que se debe “tener un mayor compromiso, más allá de las palabras, en disminuir la violencia contra la niñez, que sigue cobrando la vida de muchos niños y niñas, y que ubica a Colombia como el segundo país de América Latina donde más homicidios de menores de 18 años se presentan”.
Lo que debemos hacer
Sobre el qué hacer, el informe sostiene que “los movimientos sociales deben ser un elemento transformador para exigir que las comunidades puedan ejercer su derecho a cuidar de los niños y brindar apoyo a las familias”.
Ante esto, el doctor en Sociología de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, agrega que, desde la institucionalidad, se deben fortalecer los esfuerzos en la primera infancia, labor en la que está encargado el Icbf, y donde invierte alrededor del 70 % del presupuesto de la entidad.
No obstante, menciona que mejorar las condiciones de la infancia en el país no solo es responsabilidad de las entidades del Estado. “También es clave el acompañamiento de la familia. Existe una idea generalizada de que los responsables de la formación de los niños son los colegios, pero es la familia la principal fuente de formación de valores. Como se dice popularmente: la mejor educación es el ejemplo”, expresa Charry, quien agrega que los entornos familiares deben ser armónicos, evitando “cualquier forma de violencia”, como las del año pasado, que dejaron a 10.760 niños víctimas de violencia interpersonal o familiar, según Medicina Legal.
Unicef, por su parte, reseña que “el sistema educativo del país trabaja en proveer educación de calidad para la inclusión y la retención de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en especial para indígenas y afros”; sin embargo, de 100 estudiantes que ingresan a la escuela en las zonas urbanas, el 82 % completa su educación, pero en lo rural pasa algo que ni se acerca a la realidad urbana: solo el 48 % logra terminar sus estudios.
La directora del Icbf, quien se retira del cargo este lunes, asegura que el inventario de retos que mantiene el país es amplio, como continuar enfrentando la eliminación de todas las formas de violencia contra esta población, la violencia sexual, la legitimación del castigo físico y humillante como práctica de crianza y el cierre de brechas entre ricos y pobres.
Pungiluppi finaliza dejando claro que aún hay una deuda con la ruralidad, a donde no llega toda la oferta estatal. Esas, para la aún funcionaria, son las tareas que se deberían priorizar para resolver las deudas pendientes con la infancia colombiana y, sobre todo, garantizar que no se repitan estos fenómenos.
29,4
casos de violencia interpersonal contra menores hubo cada día en 2019.
1.543
casos de abuso sexual en niños fueron denunciados en enero: Medicina Legal.
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