Hace una semana la Corporación Colombiana de Padres y Madres – Red PaPaz– le envió una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que en la resolución que establece el nuevo etiquetado nutricional y frontal en el país –que debería publicarse antes de finalizar este mes– incluya la evidencia técnica y científica que, tanto academia como organizaciones de la sociedad civil, le han entregado y la cual tiene marcadas diferencias respecto al etiquetado que anunció el Gobierno en febrero de 2020.
Lo que el Ejecutivo aprobó es que, una vez se expida la normativa, la industria tendrá 18 meses para implementar un sello frontal de advertencia en los alimentos contenidos en empaques y bebidas: circular, en blanco y negro, que indicará cuando un producto es alto en azúcares añadidos, sodio y/o grasas saturadas. La tabla nutricional también se actualizará y presentará el contenido de nutrientes por 100 gramos o 100 mililitros y por porción.
Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, explica que si bien el anuncio fue celebrado parcialmente por tratarse de un avance “en medio del objetivo de tener consumidores mejor informados frente al consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados y su impacto en la salud pública”, esperaban que en el curso de este año el Gobierno adoptara la evidencia que indica que el sello frontal octogonal, vigente hoy en países como México y Chile, es el que le permite a la persona tomar una decisión de compra lo mejor informada posible. En tanto que el sello circular, no ofrece esas garantías, de acuerdo con Piñeros.
¿Para qué el sello frontal?
45 países, además de las naciones integrantes de la Unión Europea, ya poseen etiquetado frontal de advertencia y otras ocho están en dicho proceso.
Según explica el doctor Fabio Gomes, asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud en Nutrición, el etiquetado frontal permite que las personas superen la barrera de información de la tabla nutricional tradicional, que ofrece datos que exigen esfuerzo cognitivo y tiempo para interpretar, procesar y luego decidir.
El sustento del sello frontal como recurso se basa en estudios acumulados desde 1970 e incluso de la investigación que recibió el Nobel de Economía en 2002, la cual comprueba que el consumidor no emplea ni esfuerzo cognitivo ni tiempo para tomar decisiones sobre productos que compra repetidamente, como alimentos empaquetados y bebidas.
Con esta base, la OPS ha ido ajustando las recomendaciones para sello frontal hasta llegar a la versión actual que indica que el etiquetado octogonal, con la palabra “exceso”, ofrece la mejor información al consumidor.
En su más reciente estudio Etiquetado de advertencia en el Caribe publicado en marzo pasado, en el que confrontó la eficacia de diversos sellos, la OPS concluyó que las personas a las que se les mostraban productos con etiquetado octogonal tenían dos veces más probabilidad de identificar correctamente los menos perjudiciales con mayor frecuencia, y 9 veces más probabilidades de identificar correctamente los que tenían un exceso de azúcares, grasas saturadas o sodio.
El camino alterno
El proyecto de ley contra la comida chatarra, que superó el tercer debate en Comisión Séptima del Senado el pasado jueves busca adoptar en Colombia el etiquetado de advertencia recomendado por la OPS. Expone la directora de Red Papaz que la idea de este proceso paralelo a lo que adelanta el Ejecutivo es que al ser ley, quede blindado en caso de que la resolución sea modificada posteriormente. Para este martes está programado su debate en plenaria. Si no se vota antes del 20 de junio quedará archivado.
Piñeros dice además que “lamenta que Minsalud no haya arropado apropiadamente el proyecto que puede tener un gran impacto en la prevención de enfermedades como la obesidad, hipertensión o diabetes”.
En entrevista el pasado martes a El Espectador, el ministro Ruiz dijo no conocer a profundidad dicha iniciativa de ley y defendió que el etiquetado elegido por el Gobierno cumple con el objetivo de garantizar transparencia y soluciones de salud pública.
En el borrador de la resolución que está próxima a salir, el Ministerio recalca la alta prevalencia de consumo de alimentos procesados en todos los grupos de edad, por encima del 50 % de la población, e incluso llegando hasta el 91,4 % y la asocia a la prevalencia de enfermedades no transmisibles.
El Análisis de Impacto Normativo realizado por Minsalud proyectó que el costo de implementación del nuevo etiquetado sería de $697.758 millones, incluyendo estudios de consumidores, etiquetas, diseños de productos, acciones de Inspección, Vigilancia y Control. Mientras que los ahorros en salud, se estiman en $2.787.180 millones, asociado a costos de tratamientos de enfermedades y mejoramiento de la productividad.
¿Qué dice la industria?
La industria, en bloque, presentó aportes y comentarios durante el proceso y según reportan desde la Andi hay satisfacción frente al mismo. Para Carlos Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos, “el sector no es ajeno a la creciente necesidad de información nutricional de calidad de los colombianos. Por eso, desde 2016, las empresas optaron voluntariamente por incluir un etiquetado GDA (Guías Diarias de Alimentación) en 4.771 referencias”.
Según Montes, el cambio de etiquetado viene también con transformaciones de fondo en la industria. Por ejemplo, la incorporación de nutricionistas para ayudar a alinear la elaboración de los alimentos y bebidas con los requerimientos nutricionales y los retos de salud pública.
Por su parte, la Cámara de Bebidas de la Andi, que representa el 74% de las empresas del sector, señala que los portafolios de productos de la mayoría de estas firmas están conformados en más del 70% por productos bajos en calorías y azúcar y la meta es ampliar dicha oferta en simultáneo con el nuevo etiquetado.
El panorama del país
Mercedes Mora, coautora del estudio más actualizado sobre etiquetado frontal aplicado a Colombia, publicado en septiembre de 2020, en alianza entre las universidades de Carolina del Norte, Kansas, Javeriana y Nacional, dice que “la falta de información del consumidor colombiano es excepcionalmente alarmante”.
Señala la nutricionista que dicho déficit histórico no se soluciona con medidas que se quedan a mitad de camino. “Al contrario, además de adoptar las recomendaciones de etiquetado de la OPS es necesario tomar acciones integrales como los impuestos a las bebidas azucaradas, la exclusión de ultraprocesados de entornos escolares y, fundamental, regular la publicidad de estos productos orientada a niños".
Señala Mora que el país está ante un problema que no admite más dilaciones. "Hay niños y niñas con diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares". En Colombia, según un estudio de Uniandes en 2018, el 36,2% de los adultos tiene obesidad y el 23,3 % de los menores de edad presentan sobrepeso.
Es un diagnóstico que respalda Jhon Jairo Bejarano, director del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Nacional. "El 15 % de los colombianos entre los 5 y 65 años tiene incorporada en su dieta alimentos empaquetados, el 22 % las gaseosas, y más grave aún, apenas el 22 % tiene entre sus hábitos alimenticios el consumo diario de fruta", señala.
Y complementa con que hay responsabilidades en el entorno familiar, en el estilo de vida personal, pero lo que busca la información sobre calidad nutricional es equilibrar la cancha. La cantidad de estos productos en el mercado, el fácil acceso a estos frente a alimentos tradicionales, sumado a la desinformación, condicionan los hábitos y las decisiones de consumo".
Ante la posibilidad de hundimiento del proyecto de ley contra la comida chatarra y la inminente publicación de una resolución de etiquetado que divide opiniones, EL COLOMBIANO consultó al doctor Fabio Gomes quien señaló que “la Organización es respetuosa de las instancias ejecutivas y legislativas de cada país, y está siempre dispuesta para atender el llamado a acompañar el proceso, partiendo siempre de la mejor evidencia científica disponible, y esa es la que hoy tiene a México con el mejor sistema de etiquetado frontal de advertencia del mundo".
Hasta el pasado 17 de abril se recibieron comentarios técnicos y jurídicos de la Organización Mundial de Comercio sobre dicho documento, que era el último paso antes de aprobar la resolución. En noviembre de 2022 el etiquetado frontal de advertencia será obligatorio en Colombia
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