El próximo 22 de abril entrará en vigencia el Acuerdo Escazú, pacto regional para la participación pública, el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Lo hará en los 12 países que lo ratificaron, entre los que no está Colombia, a pesar de haberlo firmado en diciembre de 2019 y de que el presidente Iván Duque, bajo el compromiso de ratificarlo, radicó el proyecto para tal fin en el Congreso con mensaje de urgencia el 20 de julio de 2020, nueve días antes de que el informe anual de Global Witness señalara a Colombia como el país más peligroso del planeta para ejercer la defensa del territorio y el medio ambiente, al reportar 64 asesinatos por esta razón en 2019.
Lo cierto es que de los siete proyectos de ley que radicó el Gobierno el 20 de julio con mensaje de urgencia, cuatro fueron aprobados y dos avanzan favorablemente en tanto que el de Escazú no alcanzó a surtir ni su primer debate y solo tuvo una audiencia pública el 4 de noviembre, tras varias dilaciones promovidas por las mesas directivas de las comisiones segundas de Senado y Cámara, dirigidas por miembros de la coalición de Gobierno.
Para el exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, lo que ocurrió fue producto del “lobby de los gremios que confundieron a la opinión pública y desconocieron la falencia del país de una política ambiental con verdadera participación ciudadana basada en sistemas de información transparentes”.
Los gremios se opusieron en bloque y solicitaron al Congreso archivar el proyecto argumentando, tal como lo señaló el Consejo Gremial Nacional –CGN–, que “el Acuerdo implicaría acogerse al control de instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental”.
Entre las críticas puntuales a Escazú, el presidente ejecutivo del Fondo Nacional Avícola, Gonzalo Moreno, dijo que al sector le preocupa que si el país se suma a este Acuerdo “cualquier proyecto productivo deba tener una permiso o consulta previa”. Concluye el CGN que los procesos de concertación con las comunidades, tal como plantea Escazú, representarían un lastre para el desarrollo del país.
Lina Muñoz Ávila, directora de la especialización y maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la U. del Rosario refuta esta tesis y señala que justamente lo que hace el Acuerdo es llenar vacíos jurídicos que surgen en medio de los proyectos.
Líderes, en la mira
El senador Antonio Sanguino (Partido Verde), de la Comisión Segunda, señala que el país envía un mensaje contradictorio a una comunidad internacional que observa atentamente. “No se puede por un lado abanderar desde el discurso la lucha contra el cambio climático, como lo ha hecho el presidente Duque, y por otro lado no ser capaces de ofrecer garantías mínimas a las personas que defienden el medio ambiente”.
Sanguino dice que es urgente sumar un mecanismo para intentar frenar asesinatos de defensores, y también las amenazas, estigmatizaciones, detenciones arbitrarias y judicializaciones, toda vez que, tal como lo señaló el viceministro para la Promoción de la Justicia, Francisco Chaux, en medio de la audiencia pública, Colombia carece de una jurisdicción ambiental.
Esta semana, en sus primeras declaraciones como ministro de Defensa, Diego Molano, señaló al narcotráfico como el motor criminal detrás de los asesinatos de líderes sociales y ambientales.
Para Leonor Zalabata, histórica defensora de la Sierra Nevada de Santa Marta y consejera de los derechos humanos de la Confederación Indígena Tayrona, “el abordaje simplista del Gobierno parece una omisión premeditada de la complejidad de las amenazas que enfrentamos en los territorios”.
La líder indígena reconoce que el narcotráfico y los grupos armados son una grave amenaza, “pero también lo son los actores alrededor del modelo de desarrollo que respalda el Estado, ante los cuales nos quedamos solos en la defensa de los recursos, y que cada vez estrechan el cerco contra nosotros. Solo en la Sierra hay radicadas más de 1.300 solicitudes de explotación, sin contar otros megaproyectos. Todos los días aumentan los intereses sobre los territorios, y así, las amenazas contra los recursos y nuestras vidas. Lo que nunca aumenta son nuestras garantías”, declara.
De acuerdo con el informe de la ONG Global Witness, que monitorea cada año el panorama de los defensores de la tierra y el medio ambiente, de los 64 asesinatos que registró Colombia en 2019, entre líderes indígenas, campesinos y activistas, 14 de las víctimas lideraban procesos de sustitución de cultivos. Pero la mayoría –45 de ellos– dedicaban su lucha a la defensa de la tierra, con objetivos tan variados como la restitución, proyectos productivos, reforma agraria, conservación ecológica, de especies y protección del agua, entre otros.
Tres más abanderaban movimientos en contra de la minería, en tanto que los posibles móviles del crimen de los activistas Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, en La Guajira, en diciembre de 2019, aún se desconocen.
En 2020 fueron asesinados el funcionario de Parques Nacionales, Yamit Silva (Boyacá); Alejandro Llinas, defensor de la Sierra Nevada; José Enrique Oramas, activista contra la minería en Farallones de Cali; el líder ambiental y promotor turístico, Jorge Monge (Villa Carmelo, Cali); la lideresa Juana Perea, defensora de la biodiversidad y opositora del proyecto del Puerto de Tribugá; y Javier Francisco Parra, un funcionario que llevaba 20 años defendiendo los ecosistemas del sur del Meta contra amenazas como la deforestación.
Este año arrancó con el asesinato, en zona rural de Tuluá, de Gonzalo Cardona, un investigador autodidacta que ayudó a salvar de la extinción al loro orejiamarillo.
El próximo 16 de marzo arrancan las sesiones legislativas. EL COLOMBIANO interrogó al Ministerio de Ambiente, en cabeza de Carlos Correa, sobre qué acciones adelantará en el marco del diálogo con gremios, congresistas y comunidades para lograr la ratificación del Pacto, tal como se comprometió el Gobierno, pero no hubo respuesta
150
organizaciones se unieron para pedirle al Congreso ratificar Escazú.
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