La imagen de un escolta, desmovilizado de las Farc, armado, salvaguardando la vida de sus jefes, es una figura que crea posiciones encontradas y ahonda en el debate sobre la reincorporación y los espacios que el Estado les brindará a quienes dejaron las armas.
Un sueldo de $1.800.000, contrato a término indefinido y garantías prestacionales serían el panorama laboral que les esperaría a los 1.200 nuevos escoltas que harán parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que ha generado diferencias, incluso, en la misma institución.
A la polémica se suma que los desmovilizados pueden ser designados también para proteger a líderes sociales. Este asunto quedó consignado en el Acuerdo Final en el punto 3, Fin del Conflicto.
Sobre esta discusión, Jairo Delgado, especialista en Ciencia Política y general (r) de la Policía, consideró: “los miembros de las Farc conocen las armas, saben usarlas y, con entrenamiento especializado pueden cumplir con la labor de escolta. Pero habría que hacer otros estudios de seguridad para verificar si tienen condiciones plenas para asumir la protección”.
Las inconformidades
El escolta de la UNP y directivo del Sindicato de escoltas en Medellín, Sinproseg, Édison Fabián Galeano, destapó el inconformismo entre algunos integrantes de la UNP al respecto: las condiciones entre ellos y el nuevo personal de seguridad procedente de la desmovilización de las Farc deberían ser iguales.
Su descontento, señaló, es porque cumple 12 años como escolta en la unidad después de salir del DAS, lleva cuatro contratos con empresas temporales de seguridad, una hoja de vida intachable, pero cero oportunidades de vinculación.
“Es injusto. Nosotros llevamos tanto tiempo en el programa y les dan a ellos la oportunidad de vincularlos. Van a tener un buen sueldo, pistola de dotación y vehículo. Quedarían como trabajadores públicos con contratos a término indefinido y nosotros seguiríamos en la privada con contratos de dos o tres años. Somos más o menos 3.200 escoltas a nivel nacional, 1.800 afiliados al sindicato. En Medellín son 322”, precisó Galeano.
Frente a estos señalamientos, el director de la UNP, Diego Mora, respondió a EL COLOMBIANO que tales aseveraciones no son exactas. “El sueldo neto y los beneficios que tendrán quienes conformen el Cuerpo de Seguridad y Protección no son superiores a los que actualmente tienen los escoltas de planta de la UNP, por tanto, debemos resaltar que no existen argumentos para esa afirmación”, dijo.
Voces discordantes
No es la primera vez que en Colombia guerrilleros desmovilizados pasan a ser escoltas. Procesos de paz en los años 90 con el Epl, el M-19 y otras guerrillas, dejaron en filas de organismos de seguridad del Estado a 3.100 excombatientes, según datos recopilados en el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH.
Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de Verdad de Memoria Histórica del CNMH, dijo que estos procesos de desmovilización y reintegración en cargos de protección personal fueron exitosos bajo la premisa de que las negociaciones de paz “son de carácter político y, al firmar un acuerdo, deben afrontar los compromisos para adquirir confianza”.
Villarraga agregó que, pese al éxito de esta iniciativa, en la que 20 años después aún hay excombatientes cumpliendo un rol como escoltas, “el Gobierno falló en la seguridad de quienes dejaron las armas”.
Las voces disidentes se han hecho sentir. Congresistas como Margarita Restrepo no creen en la propuesta. Asevera que es una falta de respeto del presidente Juan Manuel Santos con Colombia, y le preocupa “porque estos exguerrilleros tendrán acceso a información confidencial, que puede ser utilizada inadecuadamente”.
Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, afirmó que en Colombia las familias se esmeran en brindar educación a sus hijos para que luego obtengan buenos trabajos, mejores ingresos, pero muchas veces no lo logran. Por el contrario, “estos guerrilleros de una vez van a tener un sueldo de dos o tres salarios mínimos”.
Una perspectiva diferente tiene el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda: “De acuerdo con lo que uno ve, por la forma como se han implementado los acuerdos, con el cumplimiento del cese el fuego por parte de las Farc, la llegada a las zonas veredales y el respeto por lo acordado, los guerrilleros van a cumplir en este nuevo proyecto”.
Con respecto al salario, el congresista consideró que es normal ante un oficio de alto riesgo: “Sus vidas corren peligro. A mi modo de ver, es el salario adecuado”.
La labor a desarrollar
Diego Mora explicó que la función de los 1.200 integrantes del cuerpo de seguridad de la UNP será brindar protección a exintegrantes de las Farc “y miembros del nuevo movimiento político que surja tras la desmovilización, lo que significa que también podrán ser protegidos civiles que pertenezcan a este partido”, y agregó que la vinculación a la planta de personal “se realizará a través de cargos de libre nombramiento y remoción”.
En cumplimiento con el deber de salvaguardar la vida, comentó Jonathan Alexánder Henao, especialista en Protección y Seguridad e instructor de la academia de seguridad Grupo Afire, los excombatientes que pasen a ser escoltas tendrán un riesgo mucho más alto que otros guardaespaldas “y podrán sufrir represalias por su pasado. Necesitarán una capacitación especial”.
Lo que se espera, pese a la división generada por la propuesta, es que la vida de los desmovilizados se proteja y no pase como sucedió con Carlos Pizarro y otros líderes sociales afines a la izquierda, asesinados por fallas en su seguridad.
