El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, no solo tendrá la potestad de evaluar cuándo un grupo armado organizado (GAO) tiene verdadera voluntad de paz para una eventual negociación, sino que llegará con una propuesta en la mano para ofrecerles garantías jurídicas y económicas para que se sometan a la justicia de manera individual.
EL COLOMBIANO conoció el proyecto de decreto que contiene requisitos y beneficios a los que podrán acceder los miembros del Eln, el Clan del Golfo, Los Pelusos, los Caparros y las disidencias de las Farc que manifiesten “la voluntad de abandono definitivo de la criminalidad e ilegalidad, colaborar con la justicia o la fuerza pública, y ayudar a la desvinculación de menores de edad que se encuentren en el grupo”.
Ceballos señaló que esta es una oportunidad de oro para las personas que hoy están en las filas ilegales y que quieren volver al seno de su familia.
La ruta de sometimiento
De acuerdo con este documento, los miembros de los grupos podrán presentarse voluntariamente ante cualquier autoridad militar, de Policía, administrativa y judicial; la Fiscalía será informada de la presentación para que informe si este es requerido en algún proceso judicial o si pesa contra él una orden de captura. “A las personas que accedan a este programa se les definirá su situación jurídica conforme a la ley”.
Luego, la persona pasará al Ministerio de Defensa que deberá coordinar con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Registraduría y el ICBF todo lo concerniente a su sometimiento y ayuda inmediata que requiera, cubriendo en todo caso sus necesidades básicas de alojamiento junto a su familia, alimentación, vestuario, transporte y atención en salud a través del Régimen Subsidiado.
Y finalmente, todo su expediente será entregado al Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad (Cisil), que será la instancia creada por este decreto para viabilizar el procedimiento de sometimiento individual.
Este Comité será presidido por el Ministro de Justicia y tendrán asiento y voto el Ministerio de Defensa Nacional (que ejercerá la secretaría técnica), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo. Por su parte, el alto comisionado para la Paz tendrá voz pero no voto.
Una vez el Cisil certifique la pertenencia de una persona a un GAO, podrá ingresar al proceso de Atención Diferencial que será establecido por la ARN, siempre y cuando la persona se encuentre en libertad.
Beneficios económicos
Los integrantes de un GAO que se sometan voluntariamente podrán recibir beneficios económicos siempre y cuando estén en libertad: hasta 480.000 pesos mensuales para su sostenimiento y el de su familia, y hasta 8 millones de pesos para la formulación y ejecución de un proyecto productivo que le permita generar ingresos en el corto, mediano o largo plazo, o puede ser destinado a adquisición o mejoramiento de vivienda.
Esta cuota económica es menor a la asignada actualmente por los reincorporados de las Farc, quienes reciben cada mes, con motivo del Acuerdo de Paz, el 90 % de un salario mínimo ($808.022). Así mismo, las personas que se reintegran individualmente de las guerrillas, como los que se desmovilizaron de los paramilitares y no son responsables por delitos de lesa humanidad sino de delitos políticos y conexos, reciben entre $160.000 y $480.000. El valor para los proyectos productivos va de 2 a 8 millones de pesos.
Además, por el término de un año, el sometido tendrá una póliza de seguro de vida por 15 salarios mínimos mensuales ($13.055.000 de hoy).
Quien “voluntariamente desee colaborar con la desvinculación de los menores de edad que se encuentren en el Grupo Armado Organizado, hacer un aporte eficaz a la Fuerza Pública y/o a la Fiscalía General de la Nación, entregando elementos ilícitos, armas, municiones, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, listado de testaferros, líderes del GAO, bienes y activos, sustancias psicoactivas ilícitas, sustancias estupefacientes y otros elementos del GAO, y/o facilite el ingreso de otros integrantes de los GAO a la ruta de sometimiento individual, o su judicialización, podrá recibir del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica” adicional, dice el proyecto de decreto.
Beneficios jurídicos
En el documento también se establece que las personas que se sometan bajo este decreto podrán acceder de manera preferente a los beneficios por colaboración que establecen el Código de Procedimiento Penal, la normativa contra lavado de activos, la de extinción del dominio y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
El Gobierno destinará los recursos necesarios que permitan la rápida y efectiva judicialización de las personas que suscriban el acta de sometimiento para dejar las armas.
Así mismo el Ministerio de Justicia y el Inpec “definirá los lugares y condiciones especiales de reclusión, que garanticen el cumplimiento de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad” .
