La Fiscalía General de la Nación anunció que impuso medida de extinción de dominio contra bienes que habrían sido adquiridos por desmovilizados de las Farc con dinero que sería producto de actividades ilícitas. Se trata de 19 activos por un valor que supera los $20 mil millones.
La medida viene tras la decisión de la Corte Constitucional que dejó bajo el amparo de la Fiscalia, y no de la Jep, la jurisdicción para perseguir y afectar los bienes no declarados por las Farc y sus integrantes al momento de desmovilizarse, o aquellos que hayan sido adquiridos posteriormente con dinero no reportado producto de actividades ilícitas.
En este caso, el operativo se concentró contra dos grupos familiares que, según la investigación de la Fiscalía, no tendrían los ingresos económicos para explicar su propiedad sobre 19 inmuebles y establecimientos ubicados en Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca.
El ente investigador certificó, además, que integrantes de ambas familias serían testaferros del entonces frente 42 de las Farc, en cabeza de Bernardo Mosquera Machado, alias Negro Antonio; y que los bienes a su nombre, al parecer, fueron comprados con dineros producto de extorsiones y secuestros que esta estructura criminal ejecutó entre 1994 y 2009.
Mosquera Machado, señalado por el ente judicial como el hombre que sería el dueño real de estos bienes, fue capturado en una operación militar en febrero de 2009 y recientemente se acogió a la jurisdicción de la Jep. Estuvo activo como cabecilla del frente 42 de las Farc durante casi 14 años. Su accionar se concentró en las provincias de Tequedama, Sumapaz y Oriente, en Cundinamarca, y sería uno de los responsables de las denominadas ‘pescas milagrosas’ y otras actividades criminales.
¿Cuáles son los bienes?
Entre los inmuebles ocupados por la Fiscalía están 3 establecimientos comerciales, 9 viviendas y 7 fincas cuyo terreno suma las 70 hectáreas de tierra. Todos fueron ocupados en diligencias cumplidas por personal del CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana en Cali (Valle del Cauca), Neiva (Huila), y Bogotá, Viotá y Apulo (Cundinamarca).
Todos esos serán objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía. Los activos ilícitos provenientes de las Farc serán destinados a la reparación e indemnización de las víctimas del conflicto y quedarán transitoriamente a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
