Desde España, el presidente Juan Manuel Santos le salió al paso a la polémica que se suscitó en Colombia por una probable repatriación desde Estados Unidos del guerrillero Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, en medio del proceso de paz con las Farc.
El mandatario negó haber iniciado esa gestión ante el Gobierno estadounidense para lograr un indulto de la sentencia de 60 años de prisión por narcotráfico y secuestro de tres ciudadanos norteamericanos.
También explicó que la extradición de insurgentes de las Farc, como los miembros del secretariado solicitados por Estados Unidos y a la vez negociadores, es un tema que será abordado en la mesa de negociaciones de La Habana.
“Es un tema que eventualmente va a tener que estar en la mesa, porque creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para irse a morir a un cárcel norteamericana”, indicó Santos desde Madrid.
Agregó que “cuando lleguemos ya al final del proceso me corresponderá a mí como presidente plantearles a las autoridades norteamericanas alguna solución a este tema”.
Por segunda vez este año, el presidente Santos desmintió las declaraciones de Shlomo Ben Ami, excanciller israelí y asesor internacional del proceso de paz, quien señaló que Santos ya anticipó al vicepresidente estadounidense Joe Biden, la posibilidad de pedir la libertad del jefe guerrillero alias “Simón Trinidad” para consolidar la salida negociada al conflicto.
En diciembre, Santos negó que fuera a ordenar la suspensión de bombardeos tras el cese el fuego de la guerrilla.
La presencia de Palmera como negociador ha sido solicitada por la guerrilla desde el inicio de los diálogos en 2012.
Integrantes del movimiento de izquierda Frente Amplio por la Paz anunciaron que una comisión visitará en prisión al subversivo para conocer sus condiciones de vida y pedir un indulto a Estados Unidos.
Esa posibilidad generó polémica en Colombia entre partidarios y detractores de los diálogos y sus beneficios jurídicos. El tema es una preocupación de los negociadores de las Farc frente a la discusión de la justicia transicional. Por eso desde La Habana el negociador Rodrigo Granda reiteró que “no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por el derecho a la rebelión”.