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Otoniel acorralado: JEP lo rechazó y la extradición sigue en firme

Jurisdicción le pidió a la Corte que condicione su salida hacia EE.UU. Defensa apelará decisión.

  • Dairo Antonio Úsuga había solicitado en febrero ser aceptado como tercero civil tras asegurar que participó en el conflicto armado como integrante de las Farc, el EPL y las AUC. FOTO Cortesía JEP
    Dairo Antonio Úsuga había solicitado en febrero ser aceptado como tercero civil tras asegurar que participó en el conflicto armado como integrante de las Farc, el EPL y las AUC. FOTO Cortesía JEP
DANIELA OSORIO ZULUAGA | Publicado el 26 de marzo de 2022

El proceso de extradición del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, nunca había sido tan inminente como ahora. Tras la negativa de la Jurisdicción Especial para la Paz de aceptarlo como tercero civil, su envío a celdas estadounidenses quedó sin ningún freno jurídico y ad portas de concretarse en la Corte Suprema de Justicia.

El argumento se tramitó en tiempo récord en la jurisdicción y es concreto: Otoniel no logró demostrar su participación como tercero civil durante el conflicto armado y, al contrario, la JEP determinó que no podía presentarse bajo esa figura porque toda su participación durante el conflicto fue dentro de los grupos armados, especialmente dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, y no al margen de ellos.

“Las acciones armadas por parte del solicitante no cesaron y la condición por la que pretende la aceptación de su sometimiento, esta es, la de tercero civil colaborador, no se concretó ni se probó, solo se enunció en forma deshilvanada”, argumentó la JEP.

Pero esa decisión no va en contravía del interés que ha demostrado la JEP por escuchar lo que el exnarcotraficante tiene por contar de su supuesta participación del conflicto como guerrillero de las Farc, el EPL e integrante de las AUC.

Inmediatamente después de rechazar la solicitud de sometimiento, la JEP anunció el segundo punto del auto 1008 de 2022 –en poder de EL COLOMBIANO– como un exhorto a la Corte Suprema de Justicia para que condicione la extradición en dos puntos.

Primero, le pide que la entrega se haga una vez que Úsuga haya cumplido con los requerimientos del Sistema Integral de Verdad para concretar el derecho de las víctimas a la verdad; y, en segundo lugar, la insta a que, una vez se cumpla la pena correspondiente en Estados Unidos, ese gobierno deporte a Otoniel a Colombia, “con la finalidad de que asuma la responsabilidad por los delitos acá cometidos, sin necesidad de una solicitud de extradición elevada por el gobierno colombiano para tal fin”.

Incluso, la JEP trae a colación el ejemplo de un caso similar y cercano a Otoniel: el de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, uno de los poderosos paramilitares que fundó el Clan del Golfo. En esa situación, la Corte Suprema aceptó el sometimiento de Don Mario, pero lo condicionó, justamente, a que el exnarcotraficante cumpliera con todas las necesidades de verdad.

Según se lee en el auto de la Corte del 22 de abril de 2008 “(...) si bien el Estado colombiano está comprometido a perseguir el delito, tanto en lo interno como frente a la comunidad internacional, dicha obligación no es de mayor importancia o jerarquía que la inherente a la efectiva protección de los derechos de las víctimas”.

Bajo ese argumento, la Corte se tardó una década en enviar a Don Mario a la cárcel de Bruklin, en Nueva York. Pese a que aceptó la extradición en 2008, lo terminó enviando diez años más tarde cuando terminó de contar su verdad en celdas colombianas.

Aunque las circunstancias políticas son distintas. Mientras que el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos no tenía una presión política para enviar a Don Mario lo antes posible, la actual administración de Iván Duque sí, pues ha mostrado la captura de “Otoniel” como una de las victorias más importantes y tiene intenciones de que la extradición se dé antes de salir de la Casa de Nariño.

En todo caso, el proceso en la Corte ha presentado trabas. Este viernes se conoció que el magistrado Diego Corredor fue recusado por un trino en el que supuestamente habría mostrado su posición respecto al caso “Otoniel”. De aceptarlo, el expediente pasaría a otro togado y se tardaría un tiempo adicional mientras la Sala se reacomoda.

Lo que ha dicho en la JEP

Mientras la JEP estudiaba la petición de comparecencia que llegó a su despacho el 28 de febrero –cinco meses después de la captura de Otoniel en octubre de 2021– aprovechaba para escucharlo sobre falsos positivos y violencia entre grupos armados en el Urabá antioqueño.

Fruto de esas audiencias, el exnarcotraficante salpicó a altos mandos de la Fuerza Pública como el general (r) Leonardo Barrero, quien fue comandante del Ejército Nacional y es acusado por Otoniel de servir como puente entre estructuras dedicadas al narcotráfico y el Ejército, por lo que era considerado como “parte de la nómina del Bloque Centauros”.

Así mismo, vinculó al exdirector del DAS en el departamento de Casanare, Orlando Rivas, y al general (r) Henry Torres Escalante, quien fue el primer militar de ese rango en ser procesado por falsos positivos en la Jurisdicción Especial.

Escuchar a “Otoniel” no ha sido fácil. Magistrados e investigadores de la JEP y la Comisión de la Verdad han denunciado falta de privacidad por parte de agentes de la Dijin.

Tanto así que la JEP le ordenó al director del Inpec, mayor general Fernando Murillo Orrego, que se abstuviera de “realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia (...)”.

Pero esa advertencia no fue suficiente. Este jueves, la Jurisdicción abrió un incidente de desacato contra el director Murillo y le ordenó a sus magistrados especificar de qué manera se han violado las medidas interpuestas para garantizar la privacidad y citó al director para una audiencia en la que tendrá que defenderse el próximo 31 de marzo a las dos de la tarde.

Por ahora, la defensa de Dairo Antonio Úsuga continúa evaluando la resolución con la que respondió la JEP pero, de entrada, le aseguró a este diario que apelará la decisión ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que tomó la decisión.

Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.


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