Para proteger la salud de sus integrantes en el cumplimiento de la defensa de territorio, la Armada Nacional compró 1.322.700 tapabocas convencionales.
El problema es que se podían conseguir a 750 pesos la unidad y la Armada terminó pagándolos a $1.500, motivo para que la Contraloría formulara un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones.
Este fue apenas uno de los cerca de 3.000 contratos que pasaron por la lupa de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y cuyos hallazgos fueron informados ayer. Los funcionarios, por su parte, advirtieron que no se trata de una cacería de brujas. “No es un proceso de linchamiento. Es un proceso de moralización de la acción pública”, recalcó el fiscal Francisco Barbosa.
En este marco se destacan los procesos contra 10 alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.
Se trata de los mandatarios de Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales; (Malambo, Atlántico); Rummenigge Monsalve Álvarez; (Cereté, Córdoba); Luis Antonio Rhenals; (Socorro, Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez; (Calarcá, Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras; (San Pedro, Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza; (San Antonio, Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez; (Guaduas, Cundinamarca), Germán Herrera Gómez; (Palocabildo, Tolima), Nelson Gómez Velásquez; y (Coveñas, Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
Son en total 32 personas, entre funcionarios y contratistas, los que serán imputados por presunta corrupción en medio de la emergencia sanitaria por la covid-19.
A estos se suman las citaciones a indagatoria en calidad de indiciados de los gobernadores de San Andrés Islas, Evert Hawkins; Arauca, José Facundo Castillo; y Guaviare, Heydeer Palacio.
La Contraloría le hizo seguimiento preventivo a contratos que, en total, ascienden a 18,7 billones de pesos, y entre los logros de dicho control preventivo informó, entre otras cosas, la cancelación de cuatro contratos por alerta de sobrecostos y un beneficio de $25.000 millones de ahorro.
El contralor Felipe Córdoba declaró de Impacto Nacional los hechos relacionados con la ocurrencia de presuntas irregularidades en la adquisición por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de 769.677 kit alimentarios, por un valor de $95.723.616.000. Abrió indagación preliminar.
Entretanto, el procurador Fernando Carrillo reveló que ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas. Además, el órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos.
Para Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia, la acción de los tres entes es algo que el país ha aguardado por años. Resalta la importancia de que la corrupción tenga nombre y apellido.
Considera Hernández que el paso a seguir, mediante el debido proceso, además de llevar gente a la cárcel e inhabilitar responsables fiscales, es lograr la recuperación de los recursos. Agrega que “los casos en los que estemos hablando de faltas en temas de alimentación escolar, o algunos que terminaron en que el personal médico no haya podido contar con la protección adecuada y que pudieron derivar en pérdidas de vidas deben tener énfasis, porque la corrupción es un crimen que mata”..
