La jueza Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, deberá acudir en los próximos días a un interrogatorio en la Fiscalía. La funcionaria deberá explicar las razones que dieron pie a la liberación de dos señalados miembros de la Primera Línea.
De acuerdo con el fiscal general, Francisco Barbosa, la mujer deberá explicar las razones jurídicas que sustentaron la suspensión de las medidas de aseguramiento y añadió que también deberá reseñar por qué no convocado a las partes –representación de las víctimas (Ministerio Público)– para que escucharan las razones de la liberación.
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La decisión de la jueza se tomó en medio de las resoluciones que empezó a emitir el Gobierno a mediados de diciembre pasado. En ellas se establece la posibilidad de que los señalados de cometer delitos en el marco de la protesta social salieran de sus lugares de reclusión para convertirse en “voceros de paz”.
Los jóvenes que fueron cobijados por la decisión de la jueza Bastidas son el estudiante Santiago Márquez y la animalista Adriana Bermeo. La funcionaria se ha defendido al alegar que la normatividad indica que los imputados que estén privados de la libertad quedan a disposición del Juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales (su cargo).
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“Lo que es importante es que esas salidas tienen que darse con el análisis de las medidas constitucionales de las medidas de aseguramiento, conforme al artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, y ese es básicamente el único que conocemos para efecto de esas medidas”, señaló Barbosa.
La decisión de la Fiscalía se enmarca, también, en una denuncia de tipo penal que interpuso el 29 de diciembre pasado la procuradora Margarita Cabello contra la juez.
“Como Procuraduría General de la Nación tenemos a nuestros procuradores judiciales que actúan ante la justicia penal y, frente a la orden de libertad otorgada a los voceros de paz, la semana pasada encontramos que quien entregó esa orden o quien firmó esa orden de libertad fue la coordinadora del Centro de Servicio Judiciales de Paloquemao, persona que, según consideramos, no tiene competencia para ello y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones para determinar si tenía o no competencia para hacerlo”, había dicho en su momento Cabello.
