En un comunicado conjunto, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría anunciaron que tendrán la lupa puesta en los alcaldes, gobernadores y secretarías de salud del país para que cumplan con las medidas sanitarias requeridas para afrontar la pandemia del Covid-19, Coronavirus.
El Fiscal, Francisco Barbosa, aseguró que el ente acusador sancionará las conductas que se constituyan en delito por el incumplimiento de mecanismos de prevención y la disposición de las autoridades de salud.
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“A los gobernadores, alcaldes y secretarías de salud: ustedes son los responsables de la salud de sus territorios, ustedes son los ordenadores de gastos y ejecutan los presupuestos de la salud, por eso deben adoptar las medidas sanitarias que se requieran de carácter urgente y acordes a la ley”, dijo el fiscal Barbosa.
Advirtió que en caso de no cumplir con sus responsabilidades, los funcionarios públicos podrían incurrir en los delitos de prevaricado por omisión y omisión de socorro. “Del mismo modo tendrán responsabilidad penal los presidentes de las EPS, quienes son las responsables del aseguramiento de cada uno de los ciudadanos y reciben recursos públicos por ellos”, añadió.
Para el fiscal, estas personas “deben cumplir adecuadamente los protocolos de prevención y atención de sus afiliados. La fiscalía estará alerta a las denuncias que presente la ciudadanía respecto a la no oportuna prestación de servicio de salud relacionado con el Coronavirus, entre ellas la entrega de diagnósticos médicos, el suministro de medicamentos y la prestación de ambulancia”.
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Desde el ente investigador se hizo un llamado a las autoridades migratorias para que se haga un trabajo conjunto en ubicar y sancionar a los viajeros que no cumplan con el aislamiento obligatorio. “Tenemos que identificar y judicializar a viajeros nacionales y extranjeros como posibles infractores por los delitos de violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia”.
Por su parte, el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, explicó que desde su entidad se adoptarán medidas de monitoreo y vigilancia de los dineros públicos destinados a la contención de emergencia para evitar hechos de corrupción que defrauden el sistema de salud.
“Necesitamos saber qué ocurre en cada uno de sus municipios. Hoy definimos con el fiscal general nuestros planes de acciones y también de vigilancia y control, porque no solo hemos encontrado problemática en terminales de transporte, también que las secretarías de Salud deben fortalecer sus acciones”, dijo Córdoba.
El contralor le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que ayude a liberar los recursos del programa Punto Final. Son alrededor de 4 billones de pesos que van a ser necesarios para tener más y mejores camas. Si bien nos explicaron con el decreto de emergencia del señor presidente que serán unos cuatro millones de colombianos los infectados, necesitamos quintuplicar las camas de las unidades de cuidado intensivo”.
