Los pies descalzos, acompasados, se levantan una y otra vez y tocan con suavidad el piso de tierra. Mujeres, hombres y niñas, flautas y maracas en mano, forman un círculo y bailan para acompañar la música. Los espectadores disfrutan el acto, sonríen y conversan entre ellos. Es jueves en la mañana y el resguardo Caimán Nuevo, anclado entre Turbo y Necoclí (Urabá antioqueño), está de fiesta. Sus pobladores, de la comunidad gunadule, celebran un día antes de recibir el título de formalización tras el proceso de saneamiento y segunda ampliación de su territorio.
El hecho tiene gran trascendencia. Además de quedar con un área total de 9.100 hectáreas de territorio, obtener la formalización es un reconocimiento al derecho ancestral sobre el lugar donde por años han luchado para no desaparecer. Hoy, son 335 familias (1.657 personas) empeñadas en mantener vivas sus tradiciones, subsistir con sus propios cultivos, fortalecer la medicina ancestral y seguir en armonía con la Madre Tierra, el agua, el aire, el fuego y el Sol, que les dan la energía diaria.
Y bailan para celebrar el título, como lo han hecho desde que existen. “Anmal wegin Nana-Baba igalgin anba dodobuggwamal, namabuggwamal (Hemos sobrevivido, danzamos y cantamos para no morir)”, afirma Milton Santacruz, líder asesor gunadule, al explicar que mantienen arraigo en el territorio, pese a que desde la colonización y, posteriormente, por el conflicto armado, les han arrebatado gran parte de él.
Santacruz cuenta que, según una resolución de hace 150 años, las tierras ancestrales de la comunidad gunadule abarcan tierras del Urabá antioqueño, pasando por Chocó, hasta Colón, Panamá. Aunque consideran que se ha reducido su posesión, expresan que hoy la comparten con sus hermanos mayores, como llaman a campesinos y a otras personas que habitan estas zonas.
Para Luis Ángel Rodríguez, sagla (líder) de Caimán Bajo, una de las dos divisiones de Caimán Nuevo, las 9.100 hectáreas son claves para pervivir: “An Sagla guednuggin imis yal burba ibinuedi we neggweburga (Me preocupo por mi comunidad, es un interés colectivo dejar las cosas legalizadas para nuestro futuro)”.
El sagla añade que tener los linderos definidos es fundamental en una lucha que comenzaron hace décadas y que tuvo una de sus grandes victorias en 1992, cuando se constituyeron como resguardo, lo que les ha permitido conservar su cultura, cultivar cacao, plátano, yuca, maíz, arroz y criar cerdos, gallinas y patos para garantizar la soberanía alimentaria. Es la muestra de la importancia que el territorio tiene para esta comunidad, cuyo nombre (gunadule), no en vano significa “mujeres y hombres de la Tierra en conexión con el cosmos”.
11 títulos de formalización
El de Caimán Nuevo es uno de los 11 resguardos beneficiados con la entrega de títulos de formalización de parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se oficializó durante un acto simbólico el pasado 30 de julio en Medellín. Este hecho cobija a los pueblos senú, embera chamí, embera eyábida y gunadule, cuyos territorios están en siete municipios de Antioquia y uno de Chocó y que suman en total 924 familias conformadas por 4.135 personas (ver gráfico). De los 11, siete son títulos por constitución y cuatro, por ampliación.
Myriam Carolina Martínez, directora general de la ANT, señala que con la formalización se “garantizan el derecho territorial, la estabilización socioeconómica, la seguridad alimentaria y el gobierno propio o la autonomía, lo cual propende por la conservación de sus usos y costumbres para su pervivencia como pueblos indígenas”. Pero este no es un proceso simple, requiere, además de voluntad política, surtir diversos requisitos que garanticen idoneidad, legalidad, y la participación de las comunidades beneficiarias.
Así lo indica Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team (ACT), ONG que acompañó, por medio de convenios de cooperación, nueve de los once procesos de formalización, labor en la que también participó la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia. Según Gil, en 2016 comenzaron a trabajar conjuntamente en 36 procesos de formalización, priorizados en 2012 por el Gobierno Nacional.
El procedimiento implicó revisar cada solicitud y disponer recursos técnicos, económicos y humanos de las tres entidades involucradas. Dependiendo del tipo de proceso (ampliación o constitución), cuya solicitud puede ser presentada por la comunidad indígena o iniciada de oficio por la ANT, se requieren varias etapas, como visitas a los territorios, censos, estudio de áreas y levantamientos topográficos, estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de la tierra, y determinación de linderos, entre otros.
El desafío implica determinar que no haya terceros propietarios, embargos, procesos de restitución de tierras, suelos en riesgo, títulos mineros o cultivos ilícitos, por lo cual se requiere la información de diversas instituciones. Además de los once títulos entregados en Antioquia y Chocó hay otros procesos en desarrollo en el país. “Hemos apoyado la legalización de más o menos 930.000 hectáreas, hemos acompañado, por supuesto, al Estado que tiene competencia a través de la Agencia Nacional de Tierras; pero, desde la sociedad civil hemos hecho un esfuerzo para ayudar a constituir o ampliar resguardos en la región amazónica, Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Orinoquia”, anota Gil.
Preservación y pervivencia
De acuerdo con información de la ANT, en el actual gobierno han expedido 39 actos administrativos de constitución y ampliación para comunidades indígenas de 14 departamentos, como Amazonas, Cauca, Putumayo y Valle, que benefician a 7.085 familias (más de 25.000 personas). Gil añade que hay múltiples solicitudes de formalización de comunidades indígenas y afro y que, aunque la capacidad es limitada y los retos son muchos, es necesario seguir trabajando para entregar los títulos, entendiendo que sin territorio estas quedan en mayor vulnerabilidad.
Se trata de blindar al máximo las tierras para brindar más garantías de autonomía y sobrevivencia, pese a los riesgos que persisten por las dinámicas históricas de violencia. Por eso, los títulos son colectivos, pertenecen al resguardo en su conjunto y pasarán de generación en generación. Así, estas tierras no podrán venderse, embargarse ni ser objeto de prescripción por propiedad de otra persona.
Pero, además de proteger a los pueblos de la extinción, entregarles legalmente sus tierras aporta a la conservación ambiental, pues sus prácticas y su visión del entorno protegen los bosques tropicales, el agua y las distintas especies.
Según la ANT, en el país hay 115 pueblos indígenas reconocidos y la propiedad colectiva de resguardos equivale casi al 46 % del bosque natural. Sin embargo, al menos 500.000 indígenas viven fuera de los resguardos y no tienen reconocimiento oficial de tenencia colectiva de la tierra.
En palabras de María Flor Bailarín, gobernadora del resguardo Las Playas, otro de los once formalizados: “De la tierra es que nosotros vivimos, de nuestros cultivos, de nuestros animales, del río y del agua, que son parte de la cultura embera. Entonces, si se seca el río, ¿de dónde vamos a sacar el agua?, ¿dónde vamos a pescar?, ¿dónde podremos comer? Tener nuestro territorio nos garantiza la pervivencia. Que esas hectáreas, así sean pocas, son claves para nosotros”. Una premisa que comparte Efrén Sambé, médico tradicional de Caimán Nuevo, cuando dice: “We nabbagin anmalga Galu nuegan buggwa aga sabgulebie, deisulile nabir bonigague (Tenemos lugares sagrados: si tumbamos un árbol, podemos perjudicar un lugar sagrado)”.
4.135
indígenas fueron beneficiados con los 11 títulos de formalización: ANT.
115
pueblos indígenas han sido reconocidos en Colombia, según la ANT.
Enviada especial a Necoclí
