La reducción de la deforestación se convirtió en la carta de presentación de la gestión ambiental del actual gobierno. El pasado martes la plenaria de la ONU escuchó del presidente Iván Duque que el país pasó de 197.159 hectáreas deforestadas a 158.894, lo cual fue calificado como esperanzador a nivel internacional.
Sin embargo, expertos en materia ambiental y entidades públicas coinciden en que es inviable abordar una problemática tan compleja y diseminada por gran parte del país a la luz de una cifra general.
Uno de los ejemplos lo ofrece el Chocó que casi duplicó, según el Ideam, las hectáreas deforestadas entre 2018 (7.454) a 14.120 en 2019. Allí, Riosucio, a orillas del Atrato, fue el municipio con mayor aumento de este flagelo (236%) con las 6.389 hectáreas que perdió el año pasado.
Norte de Santander, por su parte, aumentó la cifra de tala en un 42%. Y aunque en toda la región de la Amazonia se evidenció una leve mejoría, solo Caquetá perdió 30.317 ha y Amazonas pasó de 782 hectáreas en 2018 a 1.139 en 2019.
Este año, en los boletines de alertas tempranas de deforestación del Ideam, el 22,42% corresponden a jurisdicción de Corpoamazonia, 11,08% en Corponor y 4,39% en Codechocó.
Por ello, buscando posibles causas que dinamicen la deforestación en esas zonas, la Procuraduría decidió abrir indagación preliminar contra funcionarios por establecer de tres corporaciones autónomas: Codechocó, Corponor (Norte de Santander), Corpoamazonia (Sur de la Amazonia).
También de las gobernaciones de Chocó, Norte de Santander y Amazonas, y Parques Nacionales, por “presuntas irregularidades en el control y vigilancia en las áreas de su competencia respecto de la deforestación entre los años 2017 y 2020”.
Capacidad desbordada
Independientemente de que la Procuraduría determine si se presentaron faltas disciplinarias en la adopción de medidas y actividades de carácter interinstitucional relacionadas con la tala de árboles, el sector ambiental clama desde hace años por cambios de fondo en las corporaciones autónomas. Las radiografías que se hacen dentro y fuera de estas, son concluyentes.
“Nuestra jurisdicción la conforman 23 millones de hectáreas, representa el 20 por ciento del territorio nacional, y contamos con un personal interno de 62 funcionarios”, apunta el director de Corpoamazonia, Luis Mejía Bustos.
Por eso recalca que sin el acompañamiento del Estado es imposible revertir problemáticas en los territorios. El ejemplo lo ofrece dicha región, donde gracias a recursos de cooperación internacional se dio la mayor reducción en deforestación el año pasado, en gran medida, gracias a acuerdos de conservación con familias de la zona.
Según el Ideam, a través de sus reportes mes a mes, unas 3.000 familias cumplieron en un 95% con su compromiso de conservar casi 97.000 hectáreas de bosque.
Pero la cooperación internacional es apenas una parte de la solución. Ya en 2014, la Ocde, en su evaluación de gestión ambiental, precisó que el país arrojaba un déficit importante en cuanto a capacidad de respuesta y puestos de trabajo cualificados destinados a gestión ambiental.
Entre esas deudas pendientes de saldar, el director del Instituto de Investigaciones del Pacífico, William Klinger, dice que el Fondo de Compensación Ambiental, instrumento adscrito a Minambiente y que ayuda a redistribuir recursos entre las corporaciones, no ha sido suficiente “para financiar actividades de corporaciones pobres que son las que ambientalmente más problemáticas deben enfrentar, entre estas, Corpourabá, Codechocó, Corponariño”.
Sin embargo, al margen de esto, sí cree que la pérdida de legitimidad de muchas CAR y la falta de articulación con los institutos y otras entidades técnicas, impide que puedan cumplir su rol de autoridades ambientales en los territorios.
Precisamente este gobierno hizo una fuerte apuesta legislativa para lograr la reforma de las CAR. De 21 iniciativas similares a lo largo de dos décadas, el proyecto 278 de 2019 fue el que más se acercó. Este proponía mayor participación de la academia y sectores técnicos, mejor gobernabilidad y capacidad de gestión.
Entre los puntos concretos proponía pasar de 33 CAR a 7, con lo cual se apuntaba a mejorar el accionar en los territorios y una eficiente redistribuir los recursos. Pero quedó archivado a falta de la votación en el último debate.
Es seguro que Minambiente insistirá con este cambio, pues conforme ha dicho el ministro Ricardo Lozano “el fortalecimiento de las CAR es prioritario en la lucha contra la deforestación, la degradación de los territorios y otros crímenes ambientales”.
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grandes núcleos de deforestación existen actualmente, según Ideam.
