La Gobernación de Chocó decidió suspender el contrato 0126 por 130 millones de pesos, mediante el que se pretende realizar estrategias de información en salud para prevención de la pandemia generada por Covid-19, mientras la Procuraduría analiza si hubo o no irregularidades.
La decisión la tomó Jefferson Mena, gobernador encargado de Chocó por parte del presidente Iván Duque.
Es de recordar que el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, fue suspendido provisionalmente por tres meses por la Procuraduría y, además, el organismo solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020 firmado por más de 2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
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El órgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, con temas de salud e higiene.
La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia, máxime “si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas infectadas con el coronavirus”, explicó Carrillo.
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