Dos deportaciones masivas, una en Turbo y otra en Norte de Santander, han dejado en evidencia la política del Gobierno colombiano frente a los migrantes “irregulares”. En la frontera de Turbo con Panamá, Migración Colombia ha deportado 1.364 personas (de las cuales 1.350 tuvieron que regresar con sus propios medios). En la frontera con Venezuela, la entidad asegura que se han “deportado cerca de 700 venezolanos”.
La cifra la entregó ayer el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento. Según él, desde el 13 de agosto, día en el que se abrió la frontera entre Colombia y Venezuela, han ingresado 503.000 venezolanos y han regresado 490.000. “Quedan 13.000 que por ahora no están en causal de irregularidad. Debemos esperar 30 días para que estas personas salgan del territorio”.
Las labores de vigilancia no se han hecho esperar. Krüger dijo durante la rueda de prensa que “se han adelantado más de 4.500 verificaciones en La Guajira, Norte de Santander y Arauca. En Colombia son bienvenidos los extranjeros si cumplen con la normatividad migratoria”.
El lunes pasado, por ejemplo, el organismo anunció la deportación de 22 mujeres venezolanas. El mismo día, el presidente Juan Manuel Santos dijo que existen “problemas de invasiones en diferentes municipios, ciudades, de venezolanos que vienen y que no regresan. Ese es un problema que vamos a afrontar”.
Desde que el presidente dio la orden, cerca de 400 oficiales de Migración Colombia han participado en operativos de búsqueda en “establecimientos hoteleros, comerciales, educativos y hospitalarios, así como en las diferentes carreteras de todo el país”.
Las estrategias de vigilancia han llamado la atención de diferentes sectores, en parte porque hace un año Venezuela deportó masivamente a más de 20.000 colombianos que vivían sin papeles en el municipio de San Antonio del Táchira , acción que fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
De acuerdo con el director de Migración Colombia, las actividades tienen como objetivo “garantizar la seguridad no sólo de nuestros nacionales, sino también de aquellos ciudadanos extranjeros que residen en Colombia, incluso de aquellos que se encuentran de forma irregular, ya que terceros pueden estar sacando provecho de su situación y lo que buscamos es hacer respetar sus derechos y garantizar su integridad”.
