El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Guillermo Rivera, pidió este viernes a los funcionarios del Inpec en protesta que no cesen sus actividades el próximo martes, tal y como han anunciado varios sindicatos en los últimos días, para no afectar más la situación de hacinamiento que viven los reos.
Rivera afirmó que mantener el operativo de protesta que desde hace más de cinco meses impide la entrada o salida de presos, conocida como “operación reglamento”, “vulnera los derechos humanos de los internos”, según se recoge en un comunicado de su despacho.
Diversos sindicatos del Inpec, han anunciado en los últimos días que su protesta se recrudecerá a partir del martes con el cese de actividades de los funcionarios de varias cárceles, lo que ha generado alarma en el país.
Los sindicatos argumentan que el Gobierno ha incumplido acuerdos para mejorar sus condiciones laborales que fueron pactados en los primeros meses de 2014 y que incluían una solución a la situación de los presos, que viven hacinados en 130 de las 137 cárceles que hay en Colombia.
Según datos de los sindicatos, el exceso de capacidad ronda el 54 % de media, pero en algunos casos, como el de Cartagena, la sobrepoblación llega al 110 %.
Al no admitir ningún preso más desde agosto, el hacinamiento se ha trasladado a los centros previos al ingreso en prisión, conocidos como Unidades de Reacción Inmediata (URI), algo que Rivera pidió evitar.
“Actualmente el hacinamiento en las URI y estaciones de policía es cinco veces superior a la capacidad que tienen. Además, se está poniendo en riesgo los derechos humanos de los detenidos, al restringir las remisiones médicas y los traslados a las audiencias”, afirmó.
El consejero recuerda que, aunque la protesta “es un derecho de los ciudadanos”, la que piensan poner en marcha los guardianes del Inpec entra en confrontación con los derechos de terceros.
“Hacemos un llamado a los guardianes del Inpec a realizar una reflexión constructiva para que el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta no afecte los derechos humanos de los internos”, apuntó Rivera.
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