Cuando empezó a consolidarse el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se hablaba de las utilidades que en materia de crecimiento económico tendría el país. Hoy, casi un año después de la firma de ese documento en el Teatro Colón, los ánimos de los empresarios han bajado y las críticas se han hecho evidentes.
Hace dos semanas, el Consejo Gremial Nacional envió un fuerte mensaje al Gobierno señalando su posición ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que por estos días se discute en el Congreso. El Ejecutivo recibió casi todas esa críticas y cambió en la ponencia de la ley estatutaria la mayor parte de los reclamos del sector productivo, lo que los dejó medianamente satisfechos.
Ya los gremios se sintieron escuchados y el ministro Guillermo Rivera les reconoció su “continua disposición para aportar en la terminación exitosa del trámite legislativo del proyecto de ley de la JEP”.
Sin embargo, cada gremio desde su sector mantiene observaciones y preocupaciones sobre cómo se está consolidando el posconflicto en lo territorios.
El Gobierno, por su parte, creó una estrategia para tenerlos contentos. EL COLOMBIANO conoció un documento en el que se priorizan cinco componentes: las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), proyectos productivos, apuestas ambientales, turismo y voluntariado.
Hasta ahora el componente más desarrollado es las Zomac en las que 344 municipios. Es decir, el 53 % de la geografía nacional, tendrá un régimen especial de tributación en la declaración de renta de quienes allí inviertan por los próximos 10 años y, además, las empresas podrán destinar parte de sus impuestos para realizar obras públicas en esas zonas como: alcantarillados, acueductos, instalación de energía, infraestructura vial, educación pública y salud, pero aún falta para que los empresarios sientan que el país va por buena senda y que hay seguridad para invertir.
