Aunque fue ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, se sigue desdibujando la posibilidad de un debate presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, con miras a la segunda vuelta del próximo domingo.
Esto a pesar de que el candidato del Pacto Histórico aceptó las condiciones puestas por el candidato de la Liga Gobernantes Anticorrupción, cuya campaña no acudió a la cita en RTVC, en el que se daría el encuentro entre los aspirantes a la Casa de Nariño para debatir.
Entre los requerimientos de Hernández estaba que el debate se diera en la ciudad de Bucaramanga, que el mismo no durara más de una hora y hasta se propuso que fuera moderado por tres periodistas mujeres: Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jéssica De La Peña.
Precisamente, la última jugada estuvo a cargo de Hernández, quien a través de un Facebook Live dijo haber deducido que Petro no estaba dispuesto a debatir “porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que no buscaba cumplir el mandato judicial” y señaló que, basado en esto, será un juez quien decida quién incurrió en desacato.
“Esa afirmación de carácter indefinido sin precisar hora, fecha, lugar ni ninguna otra señal fue el portazo con el que (Petro) cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente”, aseguró el exalcalde de Bucaramanga.
Ante esto, la reacción de Gustavo Petro no se hizo esperar. “No puedo más que decir, que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia”, aseveró el candidato presidencial de izquierda, que en la mañana de este jueves hizo pública una carta a su contrincante en la que criticó sus condiciones para debatir y lo señaló de burlarse “de la justicia, de los medios de comunicación y de los colombianos”.
“Nosotros acataremos y defenderemos la justicia”, sentenció Petro en su cuenta de Twitter luego de que Hernández lo responsabilizara de que no se llegara a un acuerdo para realizar el debate.
En el fallo del tribunal le dio plazo a los candidatos hasta este jueves para solicitar y programar “de manera conjunta” la realización “de un debate presidencial con las reglas y sobre los temas que éstos (Hernández y Petro) señalen en la solicitud”.
La decisión judicial se dio como respuesta a una tutela interpuesta por un grupo de ciudadanos, quienes solicitaron la orden de debatir a los aspirantes, respaldados en la vulneración al derecho fundamental de participar en la conformación del poder político consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política.
