La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre la situación del país entre enero y diciembre de 2018. Este documento es el diagnóstico que elabora el organismo como resultado del trabajo de las 1.338 misiones que tiene en Colombia.
En él aseguró que el Gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad de continuar con la implementación del Acuerdo de Paz, hizo hincapié en que los compromisos que asumió el Estado con estos hacen parte de una “agenda de derechos humanos”, resaltó la importancia de la JEP y llamó a la presencia del Estado en territorios alejados.
Asesinatos en la lupa
La oficina manifestó su preocupación por el asesinato a líderes sociales, lo cual dejó 113 víctimas en 24 departamentos durante 2018, de las que 18 eran indígenas y 12 eran afro. Antioquia, Cauca y Norte de Santander fueron los departamentos más afectados.
“Un solo homicidio de un defensor o defensora ya es un crimen muy grave que socaba la democracia y el Estado de Derecho”, aseguró en el documento”. Para la alta comisionada, el 93 % de los casos ocurrieron en lugares con una “débil o nula presencia del Estado” y como consecuencia de “retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz”.
De ellos, el 66 % estuvieron vinculados con las denuncias de los líderes sobre delitos, especialmente relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos.
También reseñó las agresiones a defensores de la comunidad LGTBI y señaló la importancia de fortalecer los mecanismos de protección a las comunidades, como la Guardia Indígena.
JEP, “una oportunidad”
Para la Alta Comisionada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una oportunidad “sin precedentes” para procesar judicialmente los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, amparar los derechos de las víctimas y atender los impactos que tuvo en mujeres, niños, adolescentes y pueblos étnicos.
“Es fundamental que todas las ramas del poder público promuevan y respeten la autonomía de la Jurisdicción”, señaló el informe y llamó por la “urgente sanción” de la Ley Estatutaria de la JEP, de la que el presidente Duque objetó seis artículos el pasado domingo.
Respecto al conflicto, también indica que las zonas afectadas tienen un índice de pobreza multidimensional que alcanza el 76 %.
Llamó la atención de que el Estado solo llega a algunos sectores a través del Ejército y que este se ve obligado a desarrollar actividades que “no son propias de su responsabilidad institucional”, como la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y el fomento de la convivencia.
En el informe Bachelet denuncia presuntas ejecuciones extrajudiciales: 6 por parte de la Policía y 5 a manos del Ejército.
Finalmente, el documento de la máxima autoridad de derechos humanos de la ONU reseñó la situación de cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas .
