El posible acuerdo de paz con las Farc está lejos de cristalizarse en las regiones. El asesinato de seis líderes sociales en los últimos 15 días ha nublado la esperanza de las organizaciones campesinas y de los partidos de izquierda. En este escenario, el movimiento Marcha Patriótica aprovechó para revelar una preocupante cifra: en los últimos cuatro años, 124 de sus integrantes han sido asesinados.
El problema ha escalado de tal manera que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se mostró preocupado: “Advertimos una presencia creciente de nuevas organizaciones criminales e inclusive de disidencias que empiezan a hacer presencia en estos territorios. El momento para impedir la resurrección de estas nuevas formas de violencia a través de estas organizaciones criminales es ahora, mañana será tarde”.
A la voz del fiscal se sumó la de la Misión de Apoyo al proceso de paz de la OEA. A través de un comunicado ratificó que existen “difíciles condiciones de seguridad para los integrantes de las organizaciones de acción comunal”. En momentos en los que el campesinado está siendo activo en el proceso de paz, la Misión de la OEA considera los últimos asesinatos representan “una fuerte afectación a las comunidades”.
Los departamentos en los que se han registrado los asesinatos han sido históricamente afectados por el conflicto armado: Nariño, Caquetá, Sucre, Meta, Cauca y Valle del Cauca. Ante la situación, el presidente Juan Manuel Santos anunció “acciones contra los crímenes y agresiones a líderes sociales”. Por ahora, se sabe que las autoridades están ofreciendo 30 millones de pesos de recompensa a las personas que entreguen información sobre los agresores.
En el Ministerio del Interior se comprometieron a evaluar medidas de protección para los líderes sociales. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha participado en consejos extraordinarios de seguridad en Pasto y Popayán, territorios en los que los líderes han clamado por seguridad y temen por sus vidas.
Estas medidas, para la Misión de la ONU en Colombia, deben ser inmediatas: “Esperamos que la celeridad en las investigaciones contribuyan a la protección de la población civil. El Acuerdo Final de Paz prevé la implementación de varias medidas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de líderes y lideresas de organizaciones sociales”.
Polémico caso
Dentro de las víctimas de los últimos días está Erley Monroy Fierro, integrante de la Asociación Campesina de Losada-Guayabero , representante de agricultores en Meta y Caquetá. El viernes pasado la Policía encontró el cuerpo de Monroy en la vereda La Siberia, en San Vicente del Caguán.
Según el alcalde de esa localidad, Humberto Sánchez, las Farc estarían detrás de algunos asesinatos en la región. “Al comienzo de año hice ese comentario porque aparecieron grafitis de la Auc en zonas en donde ellos (Farc) prácticamente todavía estaban. Yo lo que dije es que ellos están abonando el terreno para después matar la gente y después echarle la culpa de que existen paramilitares”. Así se lo dijo Sánchez a Blu Radio.
La versión del alcalde ha despertado la indignación en algunas asociaciones campesinas. En diálogo con EL COLOMBIANO, Ángel Torres, miembro de la Asociación Campesina de Losada-Guayabero, explicó que “existen intereses en nuestras tierras. Desde 2009 venimos con amenazas y persecución, y el Estado ha hecho caso omiso. El mismo alcalde ha sido indiferente”.
El senador Iván Cepeda, así como la Marcha Patriótica, le solicitaron a la Fiscalía que investigue al alcalde de San Vicente del Caguán por “estigmatizar” a los líderes sociales. Para la excongresista Gloria Inés Ramírez, Colombia está frente a “un plan de exterminio . Los hechos no son espontáneos o aislados”.
¿Fragilidad del cese?
La escalada de violencia ha preocupado a los negociadores de las Farc y del Gobierno. Humberto De La Calle, por ejemplo, reconoció que existe una fragilidad del cese el fuego. “Si tenemos una nueva oportunidad de terminar el conflicto en Colombia, no podemos desaprovecharla”.
De acuerdo con alias Pablo Catatumbo, negociador de las Farc, se necesita aplicar el nuevo Acuerdo de Paz para que la Misión de Naciones Unidas pueda cumplir con la vigilancia y protección de líderes sociales en los territorios.
Diego Martínez, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), considera que los últimos asesinatos “afectan gravemente el cese bilateral y definitivo de hostilidades. Es evidente que continúan las hostilidades y el conflicto armado. Muchas de las muertes suceden en territorios rurales y reflejan un claro mensaje para lo que viene, sobretodo en las zonas donde las Farc puede hacer política”.
El número de líderes sociales asesinados no ha sido confirmado por el Gobierno. No obstante, el Polo Democrático publicó un balance señalando que en lo corrido de 2016 van 71 asesinatos, 279 amenazas y 30 atentados.
Los últimas muertes han sido comparadas por algunos políticos con la masacre de la Unión Patriótica, partido político que perdió cerca de 4.000 integrantes en la década de los ochenta, luego de que se firmara el “‘Acuerdo de Casa Verde”, en 1984.
Estos y otros antecedentes han sido analizados por el profesor Luis Trejos, del departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte: “Hay una tendencia en la historia colombiana. Ciertos sectores utilizan la violencia para frenar los avances de los movimientos sociales. El mensaje de los últimos asesinatos es claro: ‘ustedes pueden firmar lo que quieran, pero acá en nuestro territorio eso no se va a aplicar’”.
