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JEP pide contratar otro magistrado par investigar violencia de género durante la guerra
Solicitó contratar, mínimo, a un magistrado con todo su staff. Costaría unos $50 millones adicionales al mes.
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El magistrado Eduardo Cifuentes es el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. FOTO: CORTESÍA
03 de agosto de 2022
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Mientras que la apertura de un macrocaso dedicado a estudiar las violencias de género era uno de los llamados más fuertes y reiterados de los colectivos de víctimas, en el interior de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se gestó una duro debate que tenía que ver con la pertinencia y con los recursos.
Pese a que siempre hubo magistrados que apoyaron la apertura del caso, otras fuentes cercanas al proceso revelaron que había dos asuntos que parecían irreconciliables y que retrasaron la decisión por lo menos durante cuatro años.
El primero tenía que ver con los aspectos logísticos del asunto, pues a la magistratura le preocupaba qué equipo asumiría esa carga y con qué recursos se contrataría a más personal.
Por eso, el Auto 103 –con el que la Jurisdicción anuncio la agrupación y concentración del macrocaso de violencia sexual y reproductiva– resolvió solicitarle al Gobierno “ampliar la Sala de Reconocimiento a siete magistrados con sus despachos”. Lo que se traduce en contratar, mínimo, a un magistrado más con todo su equipo.
Eso último costaría alrededor de 50 millones de pesos mensuales: 11 millones para el nuevo magistrado, 36 millones para cinco profesionales categoría 33 y 6 para un profesional sustanciador. Todo esto según la información oficial de Función Pública.
Una investigación necesaria
Por otro lado, estaba la discusión de si había necesidad de abrir dicho macrocaso. “Todos coincidían con que era necesario estudiar los abusos sexuales, la violencia de género y contra la diversidad sexual, pero esos asuntos ya se estaban investigando al interior de otros macrocasos, por lo que no era tan claro si justificaba abrir otro, con todo lo que eso implica”, dijo una fuente de la JEP.
En los procesos que se adelantan por secuestro y reclutamiento forzado, por ejemplo, la Sala de Reconocimiento ha indagado en las violencias sexuales contra mujeres como parte de una estrategia para amedrentar al enemigo o para ejercer control territorial.
Sin embargo, lideresas como Yolanda Perea, quien fue víctima de violencia sexual durante el conflicto, exigían que se destinara un macrocaso para “ir al fondo de lo que ocurrió y establecer quiénes daban la orden y por qué lo hacían”.
Ceder al llamado
Y no era solo ella. Como Perea, decenas de colectivos feministas y de víctimas empezaron a “hacer ruido” y a exigir un caso específico para estudiar las violencias de género. Tanto así, que la pregunta sobre si se abriría o no ya era obligada en las ruedas de prensa de la Jurisdicción.
Tras todo eso, la JEP cedió y anunció que se darían los primeros pasos para la abrir el Caso 011. Eso implica, según explicó la magistrada Julieta Lemaitre, que el Grupo de Ánalisis e Ivestigación (GRAI) tomará todos los informes que tiene la Jurisdicción y empezará a agrupar las victimizaciones donde se evidencien hechos motivados por el género de la persona o por la orientación sexual, sobre todo en en casos de discriminación y de odio.
Después de ese paso, vendrá otro proceso más complejo en el que la Sala empezará a definir quiénes son las víctimas y los victimarios. “Con eso claro, se mira a que comparecientes se llama a responder por esos hechos y se abre el caso de manera formal”, concluyó Lemaitre.
Por ahora, se sabe que el Caso 11 profundizará en la violencia que ejercieron militares, paramilitares y guerrilleros sobre mujeres o comunidad LGTBIQ+ con razones de género.
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